El señor Johel Zelaya, que en el plano real es un fiscal general de facto, tiene varios pecados que lo hacen no confiable para el importante cargo de Estado, para el que fue investido indebidamente por el presidente usurpador del Congreso Nacional, exdiputado Luis Redondo. Su origen está manchado por la ilegalidad contagiosa de Redondo, que, al actuar como un usurpador, hizo que todos sus actos fueran nulos, conforme el artículo 3 de la Constitución de la República. Nada de lo que se hizo, alrededor de la usurpación de Redondo, tiene validez. Y entre los nombramientos importantes, el del fiscal general, recaído en Johel Zelaya, no se salva de la ilegalidad.
El Congreso Nacional está obligado a devolver a Honduras al Estado de Derecho. El caso del fiscal general es de lo más apremiante, por la naturaleza de sus funciones constitucionales, porque en su acepción genuina es el defensor del patrimonio del fisco nacional, y de todas las cosas y derechos de la ciudadanía. Johel Zelaya llegó al cargo seriamente comprometido, más con la familia gobernante que con los intereses del Estado. Su desatención a casos relevantes como el escándalo del narcovideo, lo retrató como un sirviente fiel del personaje que lo elevó al cargo, el entonces secretario del Congreso, Carlos Zelaya.
Situarse en el corredor donde hacen pared la ilegalidad con el delito, hizo de Johel Zelaya un funcionario fiscal que desde un principio entró bañado por la desconfianza, situación que fue requeté confirmada en el momento que Insight Crime publicó el famoso narcovideo donde aparecieron personajes politicos hondureños reunidos con capos del narcotráfico, recibiendo dinero para la campaña política de la entonces candidata de LIBRE, Xiomara Castro. El video, más que un simple testimonio, es un documental fehaciente de un instante de camaradería entre el poderío del narcotráfico hondureño y la clase política que se nutría económicamente de dineros ilícitos para financiar actividades electorales.
Ninguna evidencia más contundente para que el fiscal general tomara acciones inmediatas para encausar en los tribunales a las personas involucradas en aquel encuentro del bajo mundo, donde el narcotráfico y la política mal ejercida se daban la mano, entregando y recibiendo dinero producto de actos ilícitos. Johel Zelaya hizo lo que a un funcionario sumiso le corresponde: agachar la cabeza, guardar silencio entre la impactante revelación del narcovideo y dejar de representar a la ley y la justicia para convertirse en cómplice de la maldad.
Ahora trascienden versiones que por arreglos políticos Johel Zelaya asegura su permanencia ilegal en el cargo, y que, aunque haya intención en diputados de la oposición, de entablar acciones para incoarle juicio politico para destituirlo, Johel Zelaya continuara ejerciendo de facto el cargo. No extraña que ocurra en Honduras una situación tan denigrante como es tener funcionarios de facto, como están el fiscal general Johel Zelaya y el Poder Judicial, arrastrando el lodo con el que fueron investidos por el usurpador presidente Luis Redondo.
Sin embargo, el pecado de Johel Zelaya es de tamaño capital. Su condición ilegal ha trascendido al exterior donde se desconfía de sus actuaciones. Y como tal, la desconfianza sobre Johel termina por contaminar a Honduras. Teniendo un fiscal general y un Poder Judicial, ambos de facto, nuestro país se expone a ser considerado el paraíso de la ilegalidad. Esto, sin duda que afectara a Honduras en el aspecto económico y social, porque un país que continua inmerso en la ilegalidad no puede ser sujeto de crédito ni de cooperación, siendo que las autoridades encajan con los rescoldos de las barbaridades cometidas por el gobierno del PLR, caracterizado por ser un eterno violador de la Constitución y demas leyes.
El gran pecado de Johel Zelaya es la desconfianza que genera, desde el momento que renuncio a cumplir con su deber para plegarse al compromiso contraído con los personajes del PLR que lo llevaron a convertirse en el fiscal especial de la familia gobernante, con la tarea primordial de evitar que el brazo de la ley pudiera alcanzar a sus padrinos, que lo sacaron de los matorrales del interior para convertirlo en un acorazado defensor de la elite del PLR. Agregando sus aviesas intenciones de perseguir a las consejeras del CNE, Ana Paola Hall y Cossette López, para evitar que concluyeran con la declaratoria del resultado de las elecciones del 30 de noviembre, buscando malograr la voluntad popular del pueblo hondureño. Johel Zelaya está entre la espada y la pared: o se somete al juicio político o toma el honroso camino de renunciar, sabiéndose un violador de la Constitución, que por ley no puede ser el fiscal general de nuestro país. La desconfianza que genera Johel no lo hacen merecedor del cargo.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 11 de febrero de 2026.
