El indulto otorgado por el presidente de EEUU Donald Trump, al expresidente hondureño JOH, es un hecho inusual pero posible, porque tratándose de un privilegio, el mandatario estadounidense lo puede usar cuando considere que debe conceder una gracia a una persona que ha sido afectado injustamente en sus derechos. El artículo II de la Constitución de Estados Unidos confiere al presidente la facultad de conceder indultos y aplazamientos por delitos contra EEUU, excepto en casos de juicio político. El poder del indulto del presidente Trump es un recurso extraordinario que muchas personas solicitan, pero son pocas las que lo reciben. El presidente Trump solo puede ejercer su facultad de clemencia para indultar delitos federales, pero no estatales. En el caso de JOH, acusado por tráfico de drogas y de armas, es un delito federal, por lo tanto, es beneficiario del indulto presidencial.
El indulto en favor de JOH empezó a gestionarlo hace un año Roger Stone, lobista del presidente Trump, con el apoyo de una organización política de derecha llamada Freedom House, usando un cuerpo de abogados que se encargaron de limpiar a JOH de vinculaciones con el tráfico de drogas. La tarea no fue fácil, pero tampoco difícil. Stone y sus abogados tuvieron a su favor que la condena dictada por el tribunal de la Corte del Distrito Sur de New York se basó en testimonios de varios narcotraficantes que fueron extraditados por el gobierno de JOH, más el alegato del propio expresidente hondureño de no haber recibido un trato justo del juez Kevin Castel, que secundado por un fiscal feroz «antinarcotráfico», no le permitieron el llamado «respiro legal» al acusado para que pudiera exponer sus argumentos favorables.
Trump fue muy afín a escuchar la queja de JOH, en una extensa carta que el expresidente hondureño le dirigió a través de su asesor Roger Stone y de inmediato pidió a su cuerpo legal que investigara el caso, que llevo varios meses. En noviembre, los abogados le informaron a Trump que la petición de JOH era justa y razonable, dando a entender que el expresidente Hernández había sido víctima de una trama urdida por el gobierno demócrata de Joe Biden, usando al juez Kevin Castel y a los fiscales Maurene Comey y Jack Smith, uno de los cuales persiguió a Trump en una demanda por abuso sexual, misma que fue suspendida cuando Trump resultó electo para un segundo período. Pero ese fiscal fue despedido por Trump al nomás ser juramentado para un nuevo mandato.
La prisión ha quedado en el pasado para JOH que fue puesto en libertad en las primeras horas de la mañana de este martes 2 de diciembre, lo cual no quiere decir que el expresidente Hernández esté viajando a nuestro país de inmediato. El expresidente debe sopesar muy bien sus primeros pasos una vez recuperada su libertad. Honduras atraviesa en estos momentos el período de restablecimiento de la tranquilidad al salir de un proceso electoral atípico, por tratarse de una elección ataviada con los ribetes de fraude por el PLR que hacían presagiar disturbios y mucha violencia atribuida los grupos activistas del PLR denominados «colectivos». El hecho de que el alto mando de las FFAA y la Secretaría de Seguridad se acoplaran a los objetivos políticos del PLR y del Gobierno de Xiomara Castro, dejo a la ciudadanía hondureña en estado de total indefensión frente a estas agrupaciones antisociales.
Salimos de las elecciones en relativa calma, pero el PLR en cualquier momento puede explotar como mejor sabe hacerlo, con violencia, cuando su máximo líder sienta que no es atendido por los adversarios de oposición, en su objetivo de que liberales y nacionalistas le reconozcan al PLR tener 8 diputados más, no electos, con lo cual su representación en el parlamento de 42 diputados le permitiría negociar acuerdos fuera del marco de la ley, para garantizarse blindaje político. En el pasado los caudillos políticos de ambos partidos tradicionales han hecho acuerdos después de celebradas las elecciones para quitar algunos diputados electos y poner a otros que gozan de mayor estima de los líderes, pero que no pudieron alcanzar los votos necesarios para resultar electos. Esta famosa operación en la usanza de la vieja política tradicional era conocida como «operación borrador».
Se calcula que el nuevo gobierno requiere por los menos de 3 a 6 meses para estabilizarse y tomar la manija de los diferentes asuntos del Estado. Sin el ánimo de menoscabar el derecho del expresidente Hernández, que puede regresar al país para estar en el seno de su familia, tratándose de un estadista que ha conocido a fondo los problemas y la situación actual de Honduras, creemos que su retorno inmediato no es conveniente para él, para su familia y especialmente para la salud social de Honduras. Hay varios elementos que aún se baten en la olla de la política donde él tuvo tanta incidencia por más de doce años consecutivos.
Un retorno inmediato de JOH provocará un estado de descomposición en el liderazgo del PN, pero otro tanto ocurrirá en los otros partidos. El nivel de liderazgo de JOH sigue siendo alto en el panorama político nacional, aun estando fuera del país, guardando prisión, su presencia se percibía en los diferentes asuntos de la actividad política en estos cuatro años. Por lo tanto, creemos que el expresidente JOH meditará muy bien la hora de su retorno a Honduras. Sin duda que su familia tiene derecho a tenerlo a su lado, después de una ausencia forzada de 4 años, pero JOH sigue siendo un líder importante y como tal sabe que su retorno inmediato podría provocar convulsiones intensas con capacidad para debilitar las columnas sociales que sostienen la endeble estabilidad política hondureña.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 2 de diciembre de 2025.