Es incomprensible que el análisis de la opinión pública nacional sobre el papel del populismo hondureño desde el gobierno del PLR, no le haya dado prioridad al daño impactante que le produjo a Honduras en cuatro anos el desempeñado nocivo de la directiva usurpadora que presidio el exdiputado Luis Redondo. No hemos visto opiniones que enfoquen el daño dimensional que el Congreso Nacional le produjo a Honduras desde el primer momento en que Luis Redondo fue impuesto a fuerza de golpes y empellones como presidente usurpador. En ese momento, Honduras perdió la condición de Estado de Derecho, al quedar el primer poder del Estado en posesión de directivos usurpadores, sin que hubiera una oposición que en forma gallarda y valiente que se enfrentara para impedir la pérdida del Estado de Derecho.
Los gurús de la política se plegaron a la bochornosa situación que empezamos a vivir en Honduras desde aquel fatídico día en que Rasel Tome y un grupúsculo de diputados radicales de LIBRE asaltaron la mesa directiva del Congreso, apoderándose por la fuerza y la violencia del Poder Legislativo que desde ese momento quedo sumido en el oscurantismo de la usurpación que, en la persona inescrupulosa del entonces diputado Luis Redondo, se adueñó del Congreso Nacional como si fuera de su propiedad. Infortunadamente fueron los mismos politicos y una buena parte de la opinión publica los que adoptaron una visión próxima y pegada a aquella situación bochornosa que presidio Luis Redondo, con ínfulas de mandamás, al sentirse super protegido por el coordinador general de LIBRE, Mel Zelaya. Desgraciadamente, al acomodarse los politicos de oposición a aquel adefesio en que se convirtió el Congreso Nacional, fuimos pocos los que nos revelamos al usurpador Luis Redondo, con la consigna de lograr que, en los siguientes cuatro años, Redondo fuera expulsado del mapa politico por quienes tienen el poder de poner y sacar a los politicos del poder: los electores.
Hasta ahora, Redondo no ha recibido el castigo que se merece, porque no es cuestión que Redondo ya no es nadie en política; el honor mancillado de la nación exige que sea la ley y la justicia las que le den satisfacción, incoándole un juicio conforme a Derecho para que Redondo pague todos sus desafueros y ofensas al honor nacional y a los hondureños durante cuatro años en que usurpo la presidencia del Congreso Nacional, haciendo todo tipo de pillerías en desmedro de nuestro país y en perjuicio de los hondureños. Reclamamos que sea el nuevo Congreso Nacional el que se encargue de empezar el proceso para deducirle responsabilidades al exdiputado Luis Redondo.
Pero la cosa no queda allí, el Congreso Nacional debe restañar del todo las heridas que sufrió Honduras por los abusos del exdiputado Redondo. El honor de Honduras, esa cualidad moral que exige el más severo cumplimiento de los deberes respecto al prójimo, respecto a la Patria y respecto a uno mismo, demanda que el Congreso Nacional recupere por completo el Estado de Derecho. En estos momentos tenemos solo dos poderes legítimos: el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ambos electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño. Pero no se puede decir lo mismo del Poder Judicial que sigue siendo un parto de los montes, engendrado por la directiva usurpadora que presidio el exdiputado Luis Redondo.
El Congreso Nacional, de manera imperativa tiene la obligación de devolver al Poder Judicial al plano de la legalidad, y eso solo ocurrirá en el momento que se elija un nuevo Poder Judicial, con nuevos magistrados, que no estén salpicados de ninguna manera por sus ejecutorias profesionales del pasado y que sean investidos por un pleno legítimamente electo como es el actual Congreso Nacional. Honduras no puede seguir con una institucionalidad fraccionada, con dos poderes legítimos y uno que continua siendo de facto, como está el Poder Judicial. Hay que legitimar el Poder Judicial, para eso, el Congreso Nacional debe elegir a una nueva Corte Suprema, que le limpie la cara a la justicia, porque estando el Poder Judicial completamente empañado por su origen que es totalmente ilegal, el mundo entero nos reprochara por creer que los hondureños somos un país con dos terceras partes legalizadas y una tercera parte que procede de la ilegalidad que impuso el diputado Luis Redondo.
Como estamos actualmente, Honduras es una sociedad hibrida: con dos poderes sólidamente estructurados sobre cimientos democráticos, producto de la elección de la inmensa mayoria del pueblo hondureño, pero con un Poder Judicial que arrastra la desgracia de ser el resultado de un acto nulo, con magistrados seleccionados por un parlamento manchado, por estar dirigido por una directiva impuesta, que nació y se mantuvo durante cuatro años en condición usurpadora. Mientras prosigamos con este Poder Judicial espurio por su origen ilegal, los cimientos democráticos hondureños peligran, porque, como en toda edificación, cuando una de las columnas esta averiada por el óxido, todo el edificio queda expuesto a caer, por el derrumbe que le provocara la parte dañada. Nuestro sistema constitucional no puede funcionar a medias, con dos poderes legítimos y un Poder Judicial espurio e ilegal.
Honduras podría escorar hacia el cuestionamiento internacional y el fracaso, por este desequilibrio que le produce a nuestra democracia tener que caminar renqueando, con dos piernas sólidas y una tercera, engangrenada por la ilegalidad.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy miércoles 4 de febrero de 2026.
