En el ámbito nacional hay un clamor general porque, con el inicio de un nuevo gobierno, se haga justicia. Los hondureños no fuimos a las urnas el pasado 30 de noviembre para que las cosas siguieran igual. Los hondureños estábamos hastiados con el desgobierno que desde el inicio del 2022 saco a Honduras del Estado de Derecho, imponiendo una directiva ilegal en el Congreso Nacional, que durante cuatro años usurpo la importante función de dirigir el Poder Legislativo, que, desde que inicio, desparramo ilegalidad con todos sus actos que conforme el artículo 3 de la Constitución fueron nulos. Desde aquel momento, todos los funcionarios nombrados en actos que presidió la junta usurpadora de Luis Redondo actuaron de principio a fin en situación inconstitucional. Por eso, el Poder Judicial y el fiscal general siguen estando en condición de plena ilegalidad.
En el desempeño de cualquier cargo donde hay responsabilidad de aplicar la ley e impartir justicia, no pueden haber términos medios, o es legal o es ilegal. Siendo que el Poder Judicial y el fiscal general fueron juramentados por una directiva usurpadora del Congreso Nacional, su origen es eminentemente ILEGAL. Esta solo es una parte de la desgracia de ambas instituciones, pero cuando se revisan las actuaciones en relación con el proceso electoral recién pasado, el fiscal general Johel Zelaya, estuvo gravemente implicado en actos que buscaron torpedear el proceso electoral, orientados desde el gobierno para echar a perder las elecciones del pasado 30 de noviembre. Con un fiscal general involucrado en acciones que buscaron burlar el sagrado derecho del pueblo hondureño a elegir sus autoridades sin interferencias de funcionarios malvados, no podemos presumir que tenemos un aparato de justicia que actúe conforme a la Constitución.
El Congreso Nacional tiene la obligación ineludible de aplicar la sanción contemplada en la ley; para todo funcionario que tiene la alta responsabilidad de velar porque se respete el derecho del pueblo a elegir en forma limpia a su gobierno, existe el juicio politico, que es la acusación contra un alto funcionario por el delito cometido en el desempeño de sus funciones en perjuicio del Estado hondureño, en particular cuando las acciones de ese funcionario atentan contra los intereses del pueblo. Conforme el artículo 234 de Constitución, el juicio politico procede contra todos los funcionarios electos por el Congreso Nacional, por realizar acciones contrarias a la Constitución, con la consecuencia de la destitución del cargo, y sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, civil y penal que pueden derivar en su contra por el delito cometido.
Igual aplicación procede contra el consejero del CNE, Marlon Ochoa, por sus reiteradas y manifiestas actitudes de obstruir el proceso electoral. El caso del presidente usurpador del Congreso Nacional, Luis Redondo, al haber sido expulsado por el pueblo al negarle el voto para la reelección, procede un juicio común en su condición de usurpador de funciones en un cargo importante, conforme el Código Penal, más las acciones por la responsabilidad civil, penal y administrativa al haber abusado del manejo de los fondos públicos del presupuesto del Congreso Nacional. Entonces, hay dos juicios politicos aplicables: al fiscal general Johel Zelaya y al consejero Marlon Ochoa, más un juicio común al usurpador presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo.
Los testimonios contra todos los funcionarios mencionados nos sitúan cara a cara ante el delito más temible que puede cometer un funcionario, que es atentar contra la Constitución por violentar el sagrado derecho del pueblo, que es elegir a sus autoridades sin interferencia del gobierno o de cualquier funcionario público. La justicia, no la venganza, exige el juicio político y el castigo a los responsables. Los hechos estuvieron a la vista: Marlon Ochoa en todo momento acoso e intimido a sus colegas consejeras Cossette López y Ana Paola Hall, con el avieso propósito de impedir las elecciones primarias. El fiscal Johel Zelaya desato una persecución contra ambas consejeras, queriendo evitar la declaratoria de las Elecciones Generales, lo que hubiera facilitado la extensión de facto del período de Xiomara Castro.
Estos hechos no excluyen a Roosevelt Hernández, contra el cual volvemos a plantear la urgencia de sentar un precedente en un sentido profundo, por violar la Constitución y la Ley de las FFAA, al haber sacado a la institución castrense de su estado apolítico, para ponerla al servicio del proyecto del PLR, de perpetuarse en el poder. La justicia en el caso de Roosevelt Hernández es expansiva y tiende a traspasar fronteras. Roosevelt Hernández sin ser politico, alineo a las FFAA con el proyecto politico del PLR, que atento contra el orden jurídico de la Constitución, y por lo tanto es un delito de lesa Patria.
Sería ingenuo y también trágico, que, en el Congreso Nacional, que es el ámbito para castigar delitos cometidos por funcionarios ilegítimos en contra de la nación y en contra del pueblo hondureño, queden en la impunidad atentados horrorosos, todo por el sentimiento politiquero barato de «no buscar venganza porque es mejor vivir en paz y tranquilidad», lo cual es una siniestra extravagancia. Si estos hechos monstruosos mencionados, se quedaran sin castigo, en ese momento la impunidad le estaría ganando la batalla a la ley y a la justicia. Y lo peor de todo, provocaría un desaliento entre los hondureños para no entusiasmarse más en próximas elecciones.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy lunes 16 de febrero de 2026.
