Conforme a la doctrina, el abuso de poder es el exceso de autoridad en que incurre un funcionario público, cuando, más que aplicar una pena para contener a un infractor, el representante o comisionado, encargado de velar por el cumplimiento de la ley, se excede en las atribuciones que están en la esfera de sus funciones, por lo que llega a la inducción delictiva que opera en contra del mismo funcionario.
Como son numerosos y frecuentes los casos de abuso de poder, en casi todos los países se ha tenido que acudir al Código Penal para castigar los excesos que cometen los funcionarios que pierden la noción del límite, y constantemente transgreden la norma fundamental por querer imponer sus criterios aberrados, que es el momento peligroso cuando se desempeña un cargo importante, sobre todo cuando la inmoralidad reina en el pensamiento del funcionario que llega al cargo comprometido a cumplir directrices que están alejadas completamente de sus atribuciones legales, como son los compromisos estrictamente políticos.
El fiscal general Johel Zelaya ha incurrido en varios casos de abuso de poder, pero, dictar requerimiento fiscal contra dos magistrados del Tribunal de Justicia Electoral es un abuso de poder execrable, al emitir una resolución temeraria a sabiendas de que no procede de ninguna manera, por tratarse de dos magistrados en el campo electoral, que no están relacionados en nada con la materia judicial. Es por esto que el Poder Judicial declaró inadmisible una acción legal demandada contra dos magistrados del TJE, un hecho que cierra toda posibilidad de encausamiento a los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral. Al persistir en la necedad de su accionar ilegal, librando requerimiento fiscal contra dos magistrados del TJE, el fiscal general incurre en la tipificación delictiva de abuso de poder con el agravante execrable.
El exceso de autoridad conque actúa el fiscal Johel Zelaya llega al extremo de la temeridad, porque la Constitución le fija sus atribuciones que no trascienden al grado de menoscabar la suprema autoridad judicial. Teniendo una resolución que declara inadmisible una acción legal contra los magistrados del TJE, el fiscal general se declara irreverente frente al máximo poder de justicia del país, lo cual constituye una inducción delictiva que es penalizada por las leyes hondureñas. El fiscal general se ganaría la inhabilitación para cargos públicos, pero como su exceso de abuso de poder cruza los límites normales, el Código Penal en este caso establece de 3 a 8 años de cárcel.
El exceso o desviación de mando en que ha incurrido el fiscal Johel Zelaya, no solo lesiona los derechos individuales de los magistrados del TJE sino que lo lleva a la extralimitación en sus atribuciones, por arrogarse poderes que no le corresponden, como el de desconocer una resolución del Poder Judicial, que está en un nivel superior al Ministerio Publico, lo que en materia penal constituye un típico caso de corrupción, por lo que también el fiscal general Zelaya puede ser enjuiciado en un momento dado.
Frente a este caso, la opinión pública, la sociedad civil y la sociedad en general deben hacerse sentir, enfrentando las acciones ilegales de un fiscal general que ya no actúa en el cumplimiento de la aplicación de la ley sino en sentido contrario, violando la Constitución de la República y demas leyes. Un fiscal general que, por seguir directrices políticas sectarias, se coloca al margen de la ley, pierde su investidura legal, agregando que su nombramiento no se hizo conforme lo establecido en el art. 233 de la Constitución de la República, sino que resultó ser un parto de los montes, nacida de la pseudo Comisión Permanente que es tan ilegal como la ilegalidad misma.
El pueblo hondureño debe estar atento al repertorio de maniobras ilegales que emanen desde la oficina del fiscal general Johel Zelaya, con el preconcebido fin de boicotear las elecciones por mandato del Partido PLR. Hay que esperar mucho más del fiscal general Johel Zelaya. Su asunción al cargo, producto de un compromiso con el alto mando del PLR, delata cada actuación suya desapegada completamente a la Constitución y demas leyes. Pero le recordamos al fiscal general Johel Zelaya, que, aunque hoy disfruta del blindaje político del PLR en el poder, más temprano que tarde por su abuso de autoridad por obediencia ciega al partido gobernante, deberá pagar las consecuencias con pena carcelaria e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Así son las cosas y así se las hemos contado hoy martes 11 de noviembre de 2025.