
Más de 25 mil millones de lempiras podrían alcanzar las demandas contra el Estado de Honduras por despidos de empleados públicos, según advirtió el titular de la Secretaría de Trabajo de Honduras, Fernando Puerto.
El funcionario explicó que muchos trabajadores han sido cancelados mediante despidos directos y, en algunos casos, sin justificación, lo que ha derivado en múltiples procesos legales; en los casos ya sentenciados, el Estado ha tenido que cumplir con reintegros, pago de prestaciones y salarios caídos.
Asimismo, indicó que esta situación ha provocado una considerable mora judicial, con audiencias fijadas incluso hasta 2031 y 2032, evidenciando que algunos casos podrían tardar hasta 10 años en resolverse.
Detalló que entre 2019 y 2024 los tribunales ordenaron pagos superiores a 12 mil millones de lempiras, mientras que entre 2022 y 2023 se desembolsaron más de 4,400 millones por despidos injustificados. Puerto advirtió que, de continuar esta tendencia, las finanzas públicas enfrentarán una fuerte presión, afectando el presupuesto nacional y la ejecución de programas estatales.