La recién aprobada Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano ha encendido las alarmas en el sector laboral de Honduras.
El Congreso Nacional dio luz verde en tercer debate a este decreto que otorga «superpoderes» al Ejecutivo para suprimir, fusionar o reducir instituciones públicas, lo que conlleva una disminución forzosa de personal tanto por contrato como con acuerdo de nombramiento.
Daniel Durón, secretario general de la Confederación de Trabajadores de Honduras (CTH), advirtió que la normativa es «peligrosa» y podría abrir la puerta a una ola de despidos injustificados, lesionando principios constitucionales básicos.
Según Durón, la redacción de la ley limita el acceso de los trabajadores a la justicia para reclamar sus derechos.
Esta medida de choque del gobierno de Nasry Asfura responde a una crisis fiscal sin precedentes: en apenas 15 días de gestión, las demandas y embargos contra el Estado ya han impactado el Tesoro Nacional en más de 3,000 millones de lempiras.
Ante este escenario de «limpieza administrativa», el sector obrero anunció que presentará una propuesta oficial la próxima semana para frenar lo que consideran un atentado contra la estabilidad laboral, advirtiendo que no dudarán en elevar denuncias internacionales si se vulneran los derechos adquiridos.
