
La Fiscalía de Estados Unidos solicitó que la excónsul hondureña Ada Evila Serrano Núñez permanezca detenida mientras avanza el proceso judicial en su contra, al considerar que existe un riesgo significativo de que pueda escapar o interferir en la investigación. La petición fue presentada ante la Corte del Distrito Norte de Georgia, donde la exfuncionaria enfrenta tres cargos federales relacionados con presuntos sobornos y lavado de dinero.
En una moción presentada el 16 de noviembre, los fiscales argumentaron que no existen condiciones de libertad bajo fianza que garanticen razonablemente que Serrano Núñez comparecerá ante el tribunal cuando sea requerida. Entre los factores expuestos figura su presunto acceso a varios pasaportes y documentos de viaje, así como su experiencia en la emisión de identificaciones oficiales durante el tiempo que estuvo al frente del Consulado de Honduras en Atlanta.

Según la Fiscalía, esa experiencia y el posible acceso a equipos utilizados para elaborar documentos podrían facilitar que la acusada obtenga identificaciones con otra identidad y salga de Estados Unidos. Los fiscales también señalaron que la exdiplomática no cuenta con una residencia estable, empleo ni suficientes vínculos familiares o comunitarios en ese país que permitan asegurar su permanencia durante el proceso.
Otro de los argumentos se relaciona con sus conexiones con funcionarios de alto nivel en Honduras. El Gobierno estadounidense sostiene que, si Serrano Núñez lograra regresar a territorio hondureño, podría resultar difícil conseguir que sea extraditada nuevamente a Estados Unidos. Además, sus dos hijos adultos, señalados como sus familiares más cercanos en ese país, también fueron arrestados por su presunta participación en el caso.
La Fiscalía considera que los recursos económicos que habría obtenido mediante el supuesto esquema también podrían facilitar una eventual fuga. En sus estimaciones, Serrano Núñez habría recolectado al menos 375,000 dólares en efectivo. Los fiscales agregaron que la posibilidad de enfrentar una condena prolongada aumenta el incentivo para evadir la justicia.
La acusación sostiene que el presunto esquema operó entre agosto de 2024 y marzo de 2026, cuando Serrano Núñez se desempeñaba como cónsul general. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría exigido pagos a una empresa de Tennessee que trasladaba ciudadanos hondureños a Atlanta y gestionaba citas para trámites consulares. A cambio, supuestamente facilitaba el acceso de sus clientes a citas para obtener pasaportes, documentos de identidad y otros servicios.
La investigación, según los fiscales, incluye registros financieros, mensajes de texto, testimonios de personas que colaboran con las autoridades y grabaciones encubiertas. La Fiscalía afirma que esos elementos muestran conversaciones sobre la operación y presuntos intentos por evitar que fuera descubierta.
Serrano Núñez enfrenta cargos por conspiración para violar la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera, violación de esa legislación y conspiración para cometer lavado de dinero. De ser declarada culpable, podría enfrentar una pena máxima legal de hasta 40 años de prisión, según el Gobierno estadounidense.
La audiencia en la que se evaluará la solicitud de detención está prevista para este jueves 19 de noviembre. Será la jueza federal quien determine si la exfuncionaria continuará bajo custodia o podrá enfrentar el proceso en libertad bajo condiciones.