Nuevos señalamientos sobre el manejo de los recursos públicos han surgido tras las revisiones realizadas por la Comisión Liquidadora, que ha identificado presuntas irregularidades en diferentes instituciones estatales durante la administración anterior, especialmente en programas vinculados con la Red Solidaria.
El presidente de este organismo, Ángel Mendoza, informó que los hallazgos han sido documentados y trasladados al Ministerio Público (MP) y al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), con la finalidad de que ambas instituciones desarrollen las investigaciones correspondientes y determinen si existen responsabilidades administrativas o penales por el manejo de los fondos del Estado.
De acuerdo con el funcionario, durante el proceso de revisión de las instituciones se encontraron recursos que no cuentan con las respectivas liquidaciones, además de expedientes en los que existen inconsistencias sobre la utilización del dinero asignado para ejecutar programas y proyectos públicos.
Mendoza explicó que la mayor cantidad de expedientes relacionados con posibles irregularidades corresponde a la Red Solidaria, donde, según las investigaciones preliminares de la Comisión, se habrían utilizado recursos destinados a programas sociales para actividades distintas a los objetivos institucionales.
«La mayoría de expedientes sobre el mal manejo de fondos fueron detectados con fondos de la Red Solidaria, los recursos tomados fueron desviados para fines proselitistas», afirmó el presidente de la Comisión Liquidadora.
Las declaraciones ponen nuevamente bajo escrutinio la administración de los recursos destinados a programas de asistencia social, particularmente por tratarse de fondos públicos cuya ejecución debe estar respaldada por documentación, controles administrativos y mecanismos de transparencia.
El funcionario indicó que la Comisión está proporcionando a las autoridades toda la información recopilada, incluyendo los documentos que permiten identificar las operaciones observadas, con el propósito de que las investigaciones puedan avanzar y establecer qué ocurrió con los recursos que presentan inconsistencias.
En ese sentido, confirmó que el Ministerio Público ya ha requerido información adicional para fortalecer los expedientes y contar con mayores elementos de prueba antes de determinar las acciones legales que correspondan.
«Los expedientes y la documentación para que se realicen las investigaciones están siendo remitidos al Ministerio Público. La Fiscalía ha solicitado más información», expresó Mendoza durante sus declaraciones de este viernes 13 de noviembre de 2026.
Investigaciones podrían derivar en requerimientos fiscales
Mendoza también señaló que las diligencias se encuentran en una etapa de recopilación y fortalecimiento documental, debido a que las autoridades necesitan establecer con precisión las circunstancias en las que se habrían producido las irregularidades.
Según lo informado, ya se trabaja en la preparación de posibles requerimientos fiscales contra exfuncionarios de la Red Solidaria y de otras instituciones estatales, aunque la presentación de acciones judiciales dependerá de los resultados de las investigaciones y de los elementos que logre reunir el Ministerio Público.
Entre los aspectos que deberán esclarecerse figuran el destino de los fondos asignados, los mecanismos utilizados para autorizar los desembolsos, la documentación que respalda los gastos y la responsabilidad de los funcionarios que participaron en la administración de los recursos.
La revisión también busca determinar si las instituciones cumplieron con los procedimientos de liquidación correspondientes y si existen cantidades de dinero cuya utilización no pudo ser debidamente justificada.
Falta de liquidaciones genera nuevas alertas
Otro de los problemas identificados durante el proceso es que varias instituciones no cuentan con las liquidaciones correspondientes, una situación que dificulta establecer con claridad cómo fueron utilizados los presupuestos asignados durante el período anterior.
La falta de documentación financiera representa un obstáculo para verificar la ejecución de los programas públicos, conocer el destino de las transferencias y establecer si los recursos llegaron efectivamente a los beneficiarios previstos.
Por esa razón, la Comisión Liquidadora considera necesario profundizar las revisiones y entregar a los organismos de control toda la información disponible para que puedan determinar la existencia de posibles daños económicos al Estado.
