El Gobierno de Honduras declaró una emergencia ambiental por un período de 36 meses para impulsar acciones de protección y recuperación de la Reserva del Hombre y Biosfera del Río Plátano, uno de los patrimonios naturales más importantes del país, que enfrenta amenazas como la deforestación, el avance de la ganadería y otras actividades ilegales.
La decisión fue aprobada el martes 10 de noviembre durante una sesión del Consejo de Secretarios de Estado, encabezada por el presidente Nasry Asfura y el ministro de la Presidencia, Juan Carlos García. La declaratoria estará acompañada de una inversión de 1,500 millones de lempiras, prevista para ejecutarse durante los años 2027, 2028 y 2029.
De acuerdo con la información divulgada sobre la resolución, los recursos serán destinados a financiar acciones de conservación, protección y recuperación de la reserva, mediante un trabajo coordinado entre tres instituciones: la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Las entidades tendrán la responsabilidad de coordinar capacidades y recursos para atender los problemas que afectan el territorio protegido, especialmente la pérdida de cobertura forestal, la expansión de actividades agropecuarias y otras acciones ilícitas que ponen en riesgo sus ecosistemas.
Entre las principales preocupaciones se encuentra el avance de la frontera ganadera, que ha provocado la transformación de áreas boscosas en terrenos destinados a la producción pecuaria. A esta problemática se suman los asentamientos ilegales y otras actividades que ejercen presión sobre los recursos naturales de la zona.
La Reserva de la Biosfera del Río Plátano se encuentra en la región de La Mosquitia hondureña y comprende territorios de los departamentos de Gracias a Dios, Colón y Olancho. Su extensión aproximada es de 832,338 hectáreas, donde convergen bosques tropicales, ríos, montañas y una amplia diversidad de especies de flora y fauna.
Este territorio también posee un importante valor cultural, debido a la presencia de comunidades indígenas y poblaciones que mantienen vínculos históricos con el entorno natural.
La importancia de la declaratoria también está relacionada con la situación internacional de la reserva. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) mantiene este patrimonio en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro desde 2011, debido a las amenazas que enfrenta su conservación.
En su evaluación de 2025, el Comité del Patrimonio Mundial expresó preocupación porque la tasa de deforestación reportada dentro de la propiedad prácticamente se había duplicado desde el período anterior de evaluación. También solicitó a Honduras fortalecer las medidas para detener la pérdida de bosques y garantizar recursos financieros y técnicos para recuperar las áreas afectadas.
Aunque la declaratoria establece un período de intervención y una inversión para los próximos tres años, la información divulgada hasta ahora no detalla el calendario de ejecución, la distribución específica de los fondos entre las instituciones ni las metas concretas de recuperación forestal. Estos aspectos serán importantes para evaluar los resultados de la medida.
El Gobierno plantea que la coordinación entre las instituciones permitirá reforzar la vigilancia, combatir las actividades que amenazan la reserva y recuperar los ecosistemas afectados. El principal desafío será convertir los recursos anunciados en acciones sostenidas que permitan frenar la destrucción de los bosques y conservar este patrimonio natural para las futuras generaciones.
