En un giro crucial para uno de los casos de fraude financiero más escandalosos de los últimos años en Honduras, Iván Velásquez, exgerente de Koriun Inversiones, se sometió este miércoles a una audiencia de prueba anticipada en el Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medioambiente y Corrupción. Durante la diligencia, el imputado dejó entrever la dimensión de la red de complicidades al asegurar que existen políticos, entre otros actores, implicados en la trama que perjudicó a más de 35 mil personas.
A su llegada al recinto judicial y ante la insistencia de los medios de comunicación sobre la posible vinculación de diputados o exdiputados en la estructura piramidal, Velásquez fue contundente al responder: «de todo hay, hay de todo». Asimismo, trascendió que al menos cinco figuras políticas de distintas corrientes figurarían en los señalamientos presentados durante la sesión procesal. Previo a ingresar al juzgado, el procesado insinuó la trascendencia de sus declaraciones al manifestar escuetamente: «Algo bueno se viene, estén pendientes».
La prueba anticipada es un recurso procesal extraordinario que permite incorporar testimonios o evidencias previas al juicio oral cuando existe riesgo de que no puedan practicarse posteriormente, o por razones de protección a las partes. Tras concluir la audiencia, el abogado defensor Carlos Chajtur confirmó que la diligencia se mantuvo bajo reserva legal, por lo que se abstuvo de detallar identidades.
«Fue amplia; el Ministerio Público tendrá que hacer las diligencias necesarias para ahondar en las investigaciones de los detalles que fueron declarados este día. No puedo decir cuántos son los señalados, los detalles no estamos autorizados a brindarlos», explicó el profesional del derecho, añadiendo que la información aportada constituye un elemento «absolutamente nuevo» respecto al expediente judicial que enfrenta su representado.
Koriun Inversiones inició sus operaciones hace siete años en San Pedro Sula y cobró especial auge a partir de 2024 en el municipio de Choloma, Cortés, atrayendo a miles de ciudadanos y extrabajadores de maquilas con la promesa de rendimientos financieros acelerados.
Pese a que en febrero de 2025 la Comisión Nacional de Banca y Seguros (CNBS) alertó que la entidad no contaba con autorización para la captación de fondos ni con respaldo del Fosede, la operatividad de la firma continuó en medio de controversias institucionales.
La estafa colapsó definitivamente el 23 de abril de 2025, cuando la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutaron allanamientos masivos a nivel nacional. En los operativos se decomisaron más de 358 millones de lempiras en efectivo almacenados en cajas y bolsas, además de inmovilizar 69.2 millones de lempiras en cuentas bancarias y asegurar diversos bienes inmuebles y vehículos de la empresa, cuyos directivos pretendían evadir a la justicia.
