El presidente de Honduras, Nasry Asfura, confirmó que su administración analiza la posibilidad de implementar nuevamente el estado de excepción en determinados municipios o departamentos del país, como parte de las estrategias que se estudian para enfrentar la inseguridad y reforzar el control territorial frente a las estructuras criminales.
El mandatario se refirió al tema este lunes 9 de noviembre, luego de participar en el velatorio del director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, donde fue abordado por periodistas sobre las acciones que contempla su Gobierno para combatir la delincuencia.
Al ser consultado sobre un posible retorno de esta medida extraordinaria, Asfura explicó que todavía se encuentran evaluando los lugares donde sería necesario aplicarla, tomando en consideración las condiciones particulares de seguridad de cada territorio.
“Lo estamos analizando en qué lugares, que sea obligatorio para poder tener un control y realmente una revisión clara de qué está pasando en algún municipio o en algún departamento. Sí lo estamos analizando”, expresó el gobernante.
Aunque no identificó los sectores que podrían ser incluidos, sus declaraciones apuntan a una posible aplicación focalizada, es decir, dirigida a territorios donde las autoridades consideren necesario fortalecer las operaciones de seguridad, en lugar de extenderla automáticamente a todo el territorio nacional.
Asfura también confirmó que se desarrollará una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), instancia en la que se abordarán diferentes asuntos relacionados con la seguridad nacional. Sin embargo, evitó adelantar los puntos específicos que serán discutidos, argumentando que se trata de información delicada.
La posibilidad de recuperar esta herramienta surge después de que el estado de excepción concluyera el 26 de enero de 2026, al finalizar el período de la administración de la expresidenta Xiomara Castro. Durante su vigencia, la medida fue prorrogada en al menos 24 ocasiones y permitió desarrollar operativos policiales y militares en sectores considerados de alta incidencia delictiva.
Su aplicación contemplaba la suspensión temporal de determinadas garantías constitucionales, entre ellas aspectos relacionados con la libertad personal, la circulación y las condiciones para realizar detenciones y allanamientos.
En septiembre pasado, el Gobierno de Asfura también había planteado estudiar su retorno. No obstante, posteriormente las autoridades anunciaron que explorarían otras herramientas legales y operativas contra las estructuras criminales, incluyendo su declaratoria como asociaciones terroristas.
Por ahora, el Ejecutivo no ha anunciado un decreto, una fecha de implementación ni los municipios que podrían quedar bajo esta disposición. La eventual decisión deberá definir el alcance territorial, la duración y las condiciones de aplicación de la medida.
Mientras tanto, las declaraciones del presidente vuelven a colocar el estado de excepción en el centro del debate sobre la política de seguridad hondureña, particularmente por sus posibles efectos en la lucha contra la criminalidad y en el ejercicio de las garantías constitucionales de la población.
