En un alarmante llamado de auxilio para rescatar la agricultura nacional, productores de cebolla de Honduras han exigido al Gobierno de la República y, de forma puntual, al director de Aduanas, Marco Tulio Abadie, la inspección exhaustiva e inmediata de los contenedores que ingresan al territorio nacional bajo el sistema de Factura y Declaración Única de Centroamérica (FYDUCA). La petición surge ante la masiva ola de contrabando del rubro que se registra actualmente en los puntos fronterizos de Corinto, El Florido y Ocotepeque.
Según la denuncia pública y legal presentada por el gremio, el modus operandi utilizado por las estructuras dedicadas a esta actividad ilegal consiste en contratar entre tres y cuatro compañías guatemaltecas.
Dichas empresas importan cebolla proveniente de Holanda hacia Guatemala, para luego introducida a Honduras haciendo uso del mecanismo FYDUCA. Frente a este escenario, los agricultores demandan una revisión integral del sistema y el cumplimiento estricto del protocolo mediante revisiones físicas a las unidades de transporte.
Los productores enfatizan que la desleal competencia provocada por el flujo ininterrumpido de hortalizas guatemaltecas y europeas está destruyendo el mercado local, justamente cuando la cosecha nacional está próxima a salir a la venta. De no recibir respuestas concretas y medidas urgentes por parte del Poder Ejecutivo en los próximos días, el sector advierte que se declarará en huelga nacional.
Las pérdidas económicas provocadas por estas presuntas irregularidades se estiman en al menos mil millones de lempiras, cifra devastadora que pone en riesgo inminente la continuidad de las próximas siembras y desincentiva el trabajo de miles de familias rurales.
La crisis ha trascendido el plano operativo e involucra formalmente al ámbito judicial. Una denuncia penal interpuesta formalmente ante el Ministerio Público el pasado 18 de agosto de 2026 expone supuestos actos de corrupción, fraude y delitos contra la administración pública en los procesos de autorización de importaciones.
Las acusaciones señalan a tres empresas denunciadas por supuestas irregularidades en los procedimientos fitosanitarios manejados por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA). Sumado a las acciones en la fiscalía, las dirigencias agrícolas remitieron formalmente la documentación al director de SENASA, Rafael Rodríguez, y al secretario de Agricultura y Ganadería, Moisés Molina, solicitando investigaciones administrativas inmediatas y la aplicación de medidas preventivas.
Para las familias campesinas que han invertido considerables recursos financieros y trabajo en la preparación de tierras, siembra y mantenimiento de los cultivos, la falta de control fronterizo representa una condena de quiebra. Por esta razón, el sector insiste en que las autoridades de Aduanas no deben limitarse a la verificación documental de los permisos de importación, sino ejecutar inspecciones físicas minuciosas en los contenedores.
Los agricultores concluyeron solicitando una articulación interinstitucional real y efectiva entre la Administración Aduanera de Honduras, SENASA y la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para frenar el delito, garantizar el cumplimiento estricto de la legislación vigente y defender el sustento del campo hondureño.
