La crisis financiera que provocó el cierre de Ueno Bank en Paraguay derivó en una de las mayores controversias políticas y judiciales del país, luego de que el expresidente Santiago Peña fuera destituido mediante un juicio político y posteriormente quedara bajo prisión preventiva, mientras avanzan las investigaciones sobre su presunta responsabilidad en las operaciones que involucraron recursos públicos depositados en la institución bancaria.
La decisión judicial fue adoptada por el juez penal de Garantías de Delitos Económicos, Humberto Otazú, quien ordenó que el exgobernante permanezca recluido en el Regimiento Guardia Presidencial, en Asunción, capital paraguaya.
Peña había sido trasladado a esas instalaciones el viernes, después de que el Senado lo declarara culpable de mal desempeño de funciones, en un proceso político relacionado con las consecuencias del cierre de la entidad financiera.
Su situación judicial se complicó tras la intervención del Ministerio Público, que formalizó una imputación en su contra por los presuntos delitos de lesión de confianza, en calidad de instigador, y administración en provecho propio, como supuesto autor.
Las acusaciones están relacionadas con decisiones y actuaciones que habrían facilitado la colocación, renovación y permanencia de importantes cantidades de dinero pertenecientes a instituciones estatales y organismos previsionales en Ueno Bank.
Investigación apunta al manejo de fondos públicos
Uno de los principales elementos de la investigación es el movimiento de recursos públicos hacia la entidad financiera, operaciones que habrían ocurrido durante la administración de Peña y que ahora están bajo revisión de las autoridades judiciales.
De acuerdo con la imputación fiscal, el exmandatario habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación y renovación de importantes sumas de dinero provenientes de organismos estatales y entidades previsionales.
Los investigadores buscan establecer si las decisiones adoptadas durante su gestión favorecieron indebidamente a la institución financiera y si existieron actuaciones que ocasionaron perjuicios económicos a las entidades depositantes.
El caso también pretende determinar qué funcionarios participaron en las operaciones, cuáles fueron los procedimientos utilizados para autorizar los movimientos de capital y si se respetaron los mecanismos de control y supervisión establecidos para la administración de recursos públicos.
La investigación adquiere especial relevancia por el volumen de dinero involucrado y por las consecuencias que habría generado el cierre de la institución sobre miles de usuarios y organismos que mantenían fondos en el banco.
Peña enfrenta delitos que podrían representar hasta 10 años de cárcel
El fiscal Christian Benítez, integrante de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, explicó que los delitos atribuidos al exgobernante están contemplados en su modalidad agravada y podrían ser castigados con penas de hasta 10 años de prisión.
La imputación por lesión de confianza señala una presunta participación en actuaciones que habrían ocasionado perjuicios patrimoniales, mientras que el cargo de administración en provecho propio está relacionado con la supuesta utilización de decisiones administrativas para obtener beneficios indebidos.
No obstante, la presentación de una imputación no constituye una sentencia condenatoria. La responsabilidad penal del exmandatario deberá establecerse mediante el correspondiente proceso judicial y la valoración de las pruebas.
