Más de 70 Personas Privadas de Libertad (PPL), acusadas por el delito de terrorismo, permanecen alojadas en el módulo de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara, como resultado de las medidas de reorganización y fortalecimiento institucional que impulsa el Instituto Nacional Penitenciario (INP) para mantener el control y la disciplina en los establecimientos carcelarios de Honduras.
Como parte de esta estrategia, las autoridades penitenciarias han coordinado durante la presente semana el traslado de internos procedentes de distintos centros penitenciarios del territorio nacional, quienes han sido incorporados a este régimen especial de custodia, atendiendo a las disposiciones y criterios de seguridad establecidos por la institución.
La concentración de estas personas en un área de máxima seguridad responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión, establecer controles más rigurosos y garantizar que las actividades dentro del recinto se desarrollen bajo las normas y disposiciones de la administración penitenciaria.
Fortalecen infraestructura y sistemas de vigilancia
Como parte de las acciones de mejoramiento de las condiciones de seguridad, el INP contempla el fortalecimiento de los sistemas de vigilancia y comunicación, así como la instalación de alarmas y mecanismos de alerta que permitan mejorar la capacidad de respuesta del personal penitenciario ante cualquier eventualidad.
Estas medidas buscan reforzar la supervisión permanente de las instalaciones, optimizar los procedimientos de control y contribuir a la prevención de situaciones que puedan comprometer la seguridad y el funcionamiento del establecimiento.
Asimismo, se mantiene la aplicación de disposiciones internas relacionadas con el control de movimientos, el cumplimiento de horarios y la observancia de las normas de convivencia y disciplina correspondientes al régimen de máxima seguridad.
La administración penitenciaria busca garantizar que las personas recluidas en este módulo permanezcan bajo condiciones de custodia acordes con las disposiciones legales y los protocolos institucionales, manteniendo la autoridad y el control dentro de las instalaciones.
Aplicación de la normativa para combatir estructuras criminales
Las acciones implementadas se enmarcan en las disposiciones de la Ley Especial para el Combate a las Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, instrumento legal orientado a reforzar la respuesta del Estado frente a las estructuras criminales y fortalecer la seguridad en los centros de reclusión.
En ese sentido, el Instituto Nacional Penitenciario mantiene una línea de trabajo enfocada en el cumplimiento de la legislación vigente, el fortalecimiento de los controles institucionales y la aplicación de medidas que contribuyan a prevenir hechos que puedan alterar el orden dentro de los establecimientos penitenciarios.
La implementación de estos mecanismos también representa un esfuerzo por mejorar la capacidad operativa de los centros de reclusión y garantizar que los procedimientos de custodia se ejecuten bajo la responsabilidad de las autoridades correspondientes, respetando el marco jurídico aplicable.
INP mantiene acciones para consolidar el orden penitenciario
Bajo la dirección del director nacional del Instituto Nacional Penitenciario, General de Brigada en la honrosa condición de retiro Walter Irán Amador Lacayo, se mantienen acciones orientadas a fortalecer la administración, seguridad y disciplina en los diferentes establecimientos que conforman el Sistema Penitenciario Nacional.
La estrategia institucional contempla la supervisión de las instalaciones, el fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia, la reorganización de la población penitenciaria y el cumplimiento de las disposiciones que rigen los diferentes regímenes de custodia.
Con estas medidas, el INP busca consolidar un sistema penitenciario con mayores capacidades de control, vigilancia y respuesta, reafirmando su compromiso con la seguridad institucional, el mantenimiento del orden y la aplicación de la ley en los centros penitenciarios del país.
