El ordenamiento jurídico de Honduras experimenta un punto de inflexión histórico tras la publicación oficial del Decreto Legislativo 258-2026 en la edición número 37,282 del diario oficial La Gaceta. La promulgación de este paquete legal marca la entrada en vigor de un riguroso estatuto punitivo orientado a erradicar el accionar de las maras, pandillas y estructuras criminales catalogadas formalmente como asociaciones terroristas. Ante este escenario, las máximas autoridades del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) comparecieron de manera conjunta para ratificar una ofensiva institucional sin precedentes.
Durante la exposición ante los medios de comunicación, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, fue enfático al señalar que el nuevo marco normativo desmantela los privilegios de la impunidad con una advertencia directa a los infractores: «A los delincuentes en Honduras se les acabó la fiesta». El titular del Legislativo detalló que la ley dota a los operadores de justicia de herramientas procesales de reacción inmediata, entre las que sobresalen la ampliación de 24 a 48 horas en el plazo de retención para la presentación de requerimientos fiscales y la habilitación de allanamientos domiciliarios sin orden judicial previa bajo supuestos estrictos de flagrancia y coordinación con el Ministerio Público.
Por su parte, el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, reafirmó la disposición del Organismo Judicial de aplicar con estricto apego a derecho las nuevas disposiciones positivas, subrayando que la restauración de la paz social y la seguridad jurídica constituyen pilares indispensables para propiciar la atracción de inversión nacional e internacional al país.
Persecución penal implacable, controles carcelarios y sanciones severas
La estrategia de Estado estructurada en el Decreto 258-2026 redefine las reglas del combate frontal contra el crimen transnacional mediante los siguientes ejes punitivos:
- Escala de castigos corporales: La normativa tipifica penas de entre 40 años de prisión y cadena perpetua para los cabecillas, promotores y financistas de redes terroristas; de 30 a 40 años para los miembros activos; y de 20 a 30 años para colaboradores externos.
- Medidas cautelares y restricción penitenciaria: Se impone la prisión preventiva de carácter obligatorio para todos los imputados por asociación terrorista, eliminando beneficios de preliberación y castigando severamente el uso de tecnología ilícita —como drones— para ingresar objetos a las cárceles de máxima seguridad.
- Saneamiento del espacio público y dirección fiscal: El fiscal general de la República, Pablo Emilio Reyes Theodore, garantizó que el Ministerio Público asumirá la coordinación operativa de las investigaciones junto a la Policía Nacional, mientras que las autoridades quedan facultadas para erradicar grafitis y símbolos alusivos a pandillas en las comunidades.
- Ofensiva policial sostenida: El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, ratificó que las fuerzas del orden ejecutarán operativos tácticos en todo el territorio nacional, respaldados por el apoyo político e institucional del gobierno del presidente Nasry Asfura y el respaldo ciudadano.
Con la ley plenamente vigente, los operadores de seguridad y justicia tienen la responsabilidad directa de traducir estas herramientas en capturas efectivas y la desarticulación definitiva de las redes delictivas.
