El Gobierno de Honduras tendrá que recurrir a recursos del Tesoro Nacional para continuar la construcción del Bloque Obstétrico Neonatal, una infraestructura hospitalaria destinada a fortalecer la atención de mujeres embarazadas, madres y recién nacidos en la región occidental del país, luego de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) determinara que el proyecto dejó de cumplir las condiciones para continuar recibiendo financiamiento debido a los atrasos registrados durante su ejecución.
La información fue confirmada por el comisionado de la Comisión Técnica Liquidadora, Mario Celín Simón, quien explicó que, pese a la pérdida del respaldo financiero internacional, las autoridades gubernamentales mantienen la intención de concluir la obra mediante la identificación de fondos públicos.
La decisión representa un nuevo escenario para uno de los proyectos de infraestructura sanitaria considerados importantes para mejorar la capacidad de atención hospitalaria en el occidente hondureño, donde la finalización de esta construcción permitiría ampliar los servicios especializados para mujeres durante el embarazo, el parto y el período neonatal.
El objetivo de las autoridades es evitar que las instalaciones permanezcan abandonadas y que los recursos invertidos hasta ahora terminen convirtiéndose en una infraestructura sin utilidad para la población.
Una obra marcada por retrasos y ampliaciones de plazo
La construcción del Bloque Obstétrico Neonatal debía finalizar originalmente en 2025. Sin embargo, los problemas acumulados durante el desarrollo del proyecto impidieron cumplir con el calendario establecido.
De acuerdo con la información proporcionada, el plazo legal de ejecución concluyó el 10 de enero de 2026, después de que se autorizaran dos ampliaciones para intentar completar los trabajos pendientes.
Pese a estas prórrogas, el proyecto continuó registrando avances inferiores a los esperados, situación que terminó afectando su continuidad bajo el esquema de financiamiento del BID.
Las cifras oficiales reflejan la magnitud del retraso. Un informe de la Secretaría de Finanzas, con corte al 30 de septiembre de 2025, registraba un avance físico del 21.96 %.
Fondos nacionales para evitar que la inversión quede inconclusa
Tras la determinación del BID, el Estado deberá asumir una mayor responsabilidad financiera para garantizar la continuidad de los trabajos.
Durante una entrevista televisiva, integrantes de la Comisión Técnica Liquidadora señalaron que el proyecto representa una inversión cercana a los 500 millones de lempiras, por lo que será necesario identificar y asegurar los recursos presupuestarios que permitan completar la infraestructura.
El cambio de financiamiento implica un desafío para las finanzas públicas, debido a que los fondos deberán provenir de recursos nacionales y competir con otras necesidades presupuestarias del Estado.
Además de concluir la estructura física, las autoridades tendrán que garantizar que las instalaciones cuenten con las condiciones técnicas, eléctricas, sanitarias y operativas necesarias para funcionar como un establecimiento hospitalario.
