A una semana de haberse emitido formalmente los mandamientos judiciales de aprehensión, la situación legal del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y del exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, continúa sin modificaciones debido a su condición de prófugos de la justicia hondureña. Ambos exfuncionarios son requeridos por los tribunales competentes en el marco de las investigaciones incoadas contra la excomisión permanente del poder legislativo.
Ante la imposibilidad de dar con su paradero en el territorio nacional, las secretarías de Seguridad y los cuerpos de investigación criminal solicitaron a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) la emisión de la respectiva notificación roja para su localización y captura transnacional. De acuerdo con los reportes de inteligencia policial, los últimos movimientos migratorios de Redondo apuntan a su salida de Honduras a inicios de octubre con destino a la vecina República de El Salvador, sin descartarse que pueda hacer valer su ciudadanía española para buscar refugio en Europa.
En el expediente instruido por los órganos jurisdiccionales, a Redondo se le atribuyen de manera formal los delitos de perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos cargos por violación de los deberes de los funcionarios. Por su parte, a Moncada se le imputa la presunta comisión de tres delitos de violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Suspensión de audiencia y recusaciones en el proceso penal
Paralelamente a las diligencias de búsqueda de los prófugos, el ámbito procesal enfrentó nuevas trabas este jueves tras decretarse la suspensión de la audiencia de declaración de imputado fijada para un grupo de 12 personas vinculadas al caso. La paralización temporal se originó por la presentación de cuatro recursos de recusación en contra de la magistrada Anny Ochoa, quien actúa en calidad de jueza natural en el proceso.
Los equipos de la defensa legal fundamentaron sus recursos en una supuesta falta de imparcialidad por parte de la togada, argumentando que ha emitido valoraciones públicas previas sobre los hechos investigados. Con esta incidencia, el desarrollo de las etapas iniciales del proceso queda supeditado a la resolución que adopte la corte de apelaciones o el pleno correspondiente sobre la continuidad de la jueza natural al frente del expediente.
