El abogado José Zúniga advirtió que la efectividad del paquete de reformas penales propuesto en Honduras dependerá de la capacidad de las instituciones encargadas de combatir la delincuencia, al señalar que el endurecimiento de las medidas legales debe ir acompañado de una coordinación efectiva entre la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Las propuestas incluyen tipificar a integrantes de maras y pandillas bajo la figura de grupos terroristas y reducir la edad punible, iniciativas que buscan responder a la problemática de inseguridad que enfrenta el país, pero que también generan debates sobre su aplicación y sus posibles consecuencias jurídicas.
Zúniga señaló que uno de los principales desafíos será garantizar que las capturas realizadas por los cuerpos de seguridad se traduzcan en procesos judiciales efectivos. Advirtió que, si los sospechosos son liberados entre 24 y 48 horas después de su detención por fallas en los procedimientos o falta de pruebas suficientes, los esfuerzos policiales podrían resultar infructuosos.
Otro de los retos será la capacidad del sistema penitenciario para responder a un posible incremento de las detenciones. Entre los proyectos planteados figura la construcción de una penitenciaría en el departamento de Santa Bárbara, con capacidad para albergar a más de 30 mil personas vinculadas a maras y pandillas.
El profesional del derecho también destacó la necesidad de fortalecer el Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia, instituciones que podrían enfrentar una mayor carga procesal con la implementación de las reformas.
En ese sentido, consideró necesario impulsar nuevos concursos públicos, establecer filtros rigurosos de selección y depuración, y contratar profesionales capacitados para garantizar investigaciones sólidas y acusaciones respaldadas por pruebas suficientes que permitan obtener sentencias conforme a la ley.
En materia de derechos humanos, las reformas han generado cuestionamientos por sus posibles implicaciones sobre las garantías fundamentales de las personas privadas de libertad. Algunas medidas podrían requerir una revisión de los compromisos internacionales asumidos por Honduras, dependiendo de su alcance y aplicación.
Frente a estas preocupaciones, quienes respaldan las iniciativas sostienen que el Estado debe priorizar la seguridad ciudadana y el bien común, sin dejar de lado las obligaciones legales que garantizan los derechos fundamentales.
Zúniga también vinculó la seguridad con las posibilidades de desarrollo económico, al plantearse que la reducción de delitos como la extorsión, el homicidio y el robo contribuiría a generar condiciones favorables para atraer inversión extranjera, impulsar los emprendimientos y promover la creación de empleos.
Finalmente, el abogado destacó la importancia de mantener una depuración permanente en la Policía Nacional y aplicar de manera estricta la Ley de la Carrera Policial. El fortalecimiento de los controles internos, la capacitación de los agentes y la transparencia institucional son aspectos fundamentales para recuperar la confianza de la ciudadanía y motivar a las víctimas a presentar sus denuncias.
De acuerdo con los planteamientos expuestos por Zúniga, el alcance de las reformas penales dependerá no solo de las sanciones que se establezcan, sino también de la capacidad de las instituciones para investigar los delitos, desarrollar procesos judiciales efectivos y garantizar el cumplimiento de la ley.
#ABNoticias El abogado José Zúniga advirtió que el éxito de las reformas penales dependerá del fortalecimiento de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para garantizar que las capturas se traduzcan en condenas efectivas y mejorar la seguridad ciudadana. https://t.co/F2lT81nTYq
— Abriendo Brecha (@Abriendo_Brecha) October 27, 2026
