En una contundente acción de política exterior orientada a golpear las redes de corrupción institucional en la región, el Departamento de Estado de los Estados Unidos hizo oficial la imposición de sanciones migratorias e inelegibilidad de visados contra siete prominentes personalidades de la vida pública y política de Colombia. La medida punitiva alcanza directamente al expresidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial de 2022, Ricardo Roa, así como a su núcleo familiar inmediato.
El paquete de restricciones incluye también al burgomaestre de Sincelejo, Yahir Acuña; al senador electo Wadith Manzur; a la congresista electa Karen Manrique; a los exsenadores Julio Elías Chagüí y Liliana Bitar; y al exparlamentario y exalcalde del municipio de Envigado, José Ignacio Mesa.
Las cancelaciones de visados se fundamentan en la nueva directiva de seguridad hemisférica promulgada a finales de septiembre, diseñada para sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en la desestabilización de las instituciones democráticas mediante lavado de activos, cohecho o narcotráfico. El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, enfatizó mediante un comunicado que la administración encabezada por el presidente Donald Trump respalda activamente al Gobierno de Colombia, presidido por Abelardo de la Espriella, en la depuración de los estamentos judiciales, legislativos y de seguridad nacional a través de la iniciativa regional conocida como Escudo de las Américas.
Expedientes judiciales y procesos de la Fiscalía en Bogotá
La sanción norteamericana coincide con el avance de complejas causas penales que salpican a los señalados en los tribunales colombianos:
- Imputaciones contra Ricardo Roa: El exdirectivo de la petrolera estatal se encuentra bajo licencia de su cargo desde abril, tras ser imputado por la Fiscalía por tráfico de influencias —vinculado a la adquisición ilícita de inmuebles y favorecimiento contractual en Ecopetrol— y por la presunta violación de los topes de financiación en la contienda electoral de 2022.
- Escándalo de dádivas legislativas: Por su parte, los legisladores Wadith Manzur, Karen Manrique y Liliana Bitar enfrentan procesos judiciales bajo acusaciones de haber recibido ofrecimientos de proyectos de infraestructura y asignaciones presupuestarias a cambio de tramitar operaciones de crédito a favor del Ejecutivo durante el mandato previo.
- Política de cofinanciación y seguridad: La adhesión del mandatario Abelardo de la Espriella al plan Escudo de las Américas marca una reestructuración profunda en las relaciones bilaterales, priorizando la extradición y el juzgamiento de redes de influencia política en Centro y Sudamérica.
El anuncio de Washington genera un fuerte remezón político en Colombia, consolidando una nueva etapa de presión diplomática sobre los actores señalados por irregularidades en la gestión pública.
