El director de la Coordinadora de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (COIPRODEN), Wilmer Vásquez, advirtió sobre el impacto de la extorsión y la violencia ejercida por estructuras criminales en los centros educativos de Honduras, una problemática que amenaza la seguridad de estudiantes, docentes y padres de familia, además de obligar a numerosas familias a abandonar sus comunidades para proteger sus vidas.
Vásquez señaló que la extorsión no es un fenómeno nuevo en el país, sino un problema que se ha mantenido durante décadas y que ha motivado diferentes iniciativas en materia de seguridad ciudadana. Sin embargo, expresó su preocupación por la manera en que estas prácticas están penetrando los espacios educativos y exponiendo a la niñez y la adolescencia a situaciones de intimidación, chantaje y posibles vínculos forzados con actividades ilícitas.
El representante de COIPRODEN explicó que la violencia vinculada a las estructuras criminales ha trascendido las calles y los barrios, afectando también el funcionamiento de las instituciones educativas. En determinados contextos, los estudiantes pueden convertirse en víctimas de amenazas o presiones para participar en acciones ilegales, mientras que los docentes y las familias también enfrentan riesgos relacionados con la extorsión.
“Esa violencia estructural, esa violencia que ha carcomido también al sistema educativo y que obliga a las familias a abandonar las comunidades para poderse proteger”, manifestó Vásquez al describir las consecuencias que esta situación genera en la población hondureña.
Asimismo, advirtió que la presencia de grupos criminales en diferentes comunidades está provocando cambios en la dinámica de los centros educativos, cuyos integrantes deben adoptar medidas para resguardar su seguridad. Esta realidad representa un desafío para el derecho a la educación, debido a que el temor a sufrir represalias puede alterar la asistencia a clases, la convivencia escolar y la tranquilidad de las comunidades educativas.
La extorsión alcanza a estudiantes, docentes y padres de familia
Vásquez indicó que la problemática puede manifestarse de distintas maneras dentro del entorno escolar. La extorsión puede producirse entre los propios estudiantes, dirigirse desde alumnos hacia docentes o afectar directamente a los padres de familia, sin descartar las presiones que se originan fuera de los establecimientos y repercuten en su funcionamiento.
El riesgo es especialmente preocupante cuando niñas, niños y adolescentes son utilizados o presionados por estructuras criminales para realizar determinadas tareas, bajo amenazas o mecanismos de chantaje. En estos escenarios, la protección de los menores requiere respuestas que consideren su condición de víctimas potenciales y eviten que queden expuestos a nuevas formas de violencia.
Desplazamiento forzado: familias abandonan sus comunidades por temor
Otro de los aspectos señalados por el director de COIPRODEN es el desplazamiento forzado provocado por la violencia. Según expuso, las amenazas y la presencia de estructuras criminales en barrios, colonias y comunidades de distintas regiones del país pueden llevar a las familias a abandonar sus viviendas y trasladarse a otros lugares en busca de protección.
Este fenómeno implica consecuencias que van más allá de la pérdida del hogar. Cuando una familia se ve obligada a desplazarse, también puede perder sus fuentes de ingresos, sus redes de apoyo y la estabilidad necesaria para garantizar que sus hijos continúen estudiando en condiciones adecuadas.
