El Senado de Chile aprobó un proyecto de ley que busca agilizar la expulsión administrativa de extranjeros en situación migratoria irregular, mediante nuevas facultades para la Policía de Investigaciones (PDI) y modificaciones a los procedimientos de control migratorio.
La iniciativa recibió 37 votos a favor y una abstención, tras la aprobación del informe elaborado por una comisión mixta integrada por senadores y diputados. Con este respaldo, el proyecto completó su tramitación en el Congreso y quedó en condiciones de convertirse en ley, una vez cumplidos los trámites correspondientes.
Uno de los principales cambios contempla la posibilidad de que la Policía de Investigaciones solicite autorización escrita a un juez de garantía para ingresar a una vivienda y detener a una persona extranjera que tenga una orden de expulsión firme y ejecutoriada.
De acuerdo con el texto aprobado, el juez tendrá un plazo de 24 horas para resolver la solicitud judicial. La medida busca facilitar la localización y detención de personas cuya expulsión ya fue ordenada por las autoridades migratorias, pero que todavía no ha podido ejecutarse.
Otra de las disposiciones establece aumentar de tres a cinco años el plazo mínimo de prohibición de reingreso a Chile para las personas afectadas por determinadas medidas de expulsión administrativa.
El proyecto también contempla mecanismos para facilitar la obtención de información destinada a notificar los procedimientos migratorios y permitir, en determinados casos, la expulsión de extranjeros en situación irregular que enfrenten procesos penales por delitos cuya pena no supere los tres años de privación de libertad, siempre que se cumplan las condiciones establecidas en la normativa.
En estos casos, la propuesta establece disposiciones para suspender el procedimiento penal durante el período previsto, así como mecanismos de coordinación con el Ministerio Público para evitar que las expulsiones interfieran con investigaciones judiciales en curso.
Las medidas acordadas incorporan observaciones de la Corte Suprema y del Ministerio Público. Asimismo, se establecieron exclusiones para niños, niñas y adolescentes, así como restricciones relacionadas con la obtención de información en establecimientos educativos y centros de salud.
Durante el debate legislativo, se señaló que la aplicación de las nuevas disposiciones requerirá recursos económicos, capacidad policial y coordinación internacional para ejecutar las expulsiones.
El proyecto modifica aspectos de la legislación migratoria chilena y fue impulsado inicialmente durante el Gobierno del expresidente Gabriel Boric, antes de ser reformulado mediante nuevas indicaciones durante la administración del presidente José Antonio Kast.
La aprobación se produce en medio del debate sobre el control migratorio en Chile, donde las autoridades buscan fortalecer los mecanismos para ejecutar las órdenes administrativas, mientras persisten discusiones sobre las garantías judiciales y la aplicación de estas medidas.
