En el marco de la agenda diplomática orientada al fortalecimiento del clima de negocios y la atracción de capitales extranjeros, las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores de Honduras sostuvieron una reunión bilateral de alto nivel con los directivos del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (UNIDROIT) en Roma, Italia. La delegación nacional estuvo encabezada por la canciller Mireya Agüero y el embajador Jiménez Talavera, quienes se reunieron con el secretario general del organismo multilateral, Ignacio Tirado.
Durante el encuentro en la capital italiana, la representación hondureña y la cúpula de UNIDROIT abordaron el diseño de mecanismos de cooperación técnica enfocados en modernizar los marcos normativos del derecho mercantil privado. El propósito central de esta articulación jurídica es generar certezas legales que incentiven la inversión privada directa y faciliten esquemas de financiamiento accesibles para los sectores productivos tradicionalmente postergados en el país.
Como organismo intergubernamental autónomo de referencia global, UNIDROIT desarrolla estándares y leyes modelo que armonizan el derecho comercial entre naciones, mitigando riesgos regulatorios y facilitando las transacciones transfronterizas.
Inclusión financiera y sectores prioritarios
La agenda de cooperación prioriza la adopción de instrumentos legales adaptados a la estructura económica nacional:
- Democratización del crédito: Implementación de figuras normativas modernas que amplíen las opciones de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) y cooperativas.
- Enfoque de género y campo: Facilitación de garantías de acceso a capital para mujeres emprendedoras y pequeños productores del sector agropecuario nacional.
- Seguridad jurídica e inversiones: Armonización de los reglamentos del derecho privado nacional con estándares internacionales para elevar la competitividad de Honduras en los mercados globales.
Con este acercamiento institucional en Europa, el Gobierno ratifica su compromiso de dotar al tejido empresarial de un entorno jurídico sólido, ágil e incluyente que impulse la producción y el empleo.
