La reciente presentación de un requerimiento fiscal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, junto a varios exmiembros de la junta directiva que integraron la extinta Comisión Permanente, ha provocado un fuerte remezón en el escenario político hondureño. La acción judicial, que busca deducir responsabilidades por actuaciones pasadas al frente del Poder Legislativo, ha generado opiniones encontradas que van desde acusaciones de impunidad e ilegitimidad hasta denuncias de persecución política.
Entre los exlegisladores y directivos señalados en el documento presentado por las autoridades judiciales figuran Luz Angélica Smith, el economista Hugo Noé Pino, Josué Fabricio Sandoval, Osman Chávez, Carlos Raudales, Karen Martínez, Juan Barahona y Silvia Ayala, quienes en su momento formaron parte del controvertido órgano legislativo.
La reacción de las bancadas opositoras no se hizo esperar tras conocerse el libramiento de la causa penal. La diputada Merary Díaz manifestó de manera pública su absoluta disposición para declarar como testigo en el proceso judicial y lanzar serias advertencias sobre el paradero de algunos de los implicados. «Muchos ya no están en el país, han huido. No debe haber impunidad», aseveró la parlamentaria, exigiendo que los órganos de justicia actúen con celeridad.
En ese mismo sentido se pronunció el diputado del Partido Liberal, Marlon Lara, quien calificó las ejecuciones y decisiones adoptadas por la antigua directiva legislativa como «un acto de traición a la patria». Lara enfatizó que la justicia debe intervenir de forma contundente para sentar un precedente histórico y sancionar cualquier exceso cometido en el ejercicio del poder público.
Por su parte, desde el punto de vista estrictamente jurídico, el abogado analista Kenneth Madrid explicó las implicaciones legales que el proceso entraña para los imputados. Según el profesional del derecho, los legisladores señalados en el requerimiento fiscal podrían enfrentar una suspensión formal de sus cargos durante el desarrollo del proceso penal, medida que dependerá de las decisiones que adopten los jueces a cargo del expediente conforme avance la etapa inicial del juicio.
La crisis actual reavivó posturas de exmiembros del parlamento que en su momento denunciaron la ilegalidad del órgano. La exdiputada Fátima Mena recordó las reiteradas alertas que emitió cuando se gestó la creación de la cuestionada comisión.
> «Hace un año advertimos sobre las consecuencias de la usurpación y las acciones dictatoriales que realizaba Luis Redondo. Se le hicieron señalamientos con la intención de detener esos abusos. Lo que ocurre ahora es consecuencia de sus propios actos. Nunca habíamos tenido un Congreso Nacional tan violento y dictatorial como el que presidió Redondo», declaró contundentemente la excongresista.
En marcado contraste, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) cerró filas en favor de los señalados. El jefe de bancada, Edgardo Panchamé, denunció enérgicamente que el requerimiento responde a una clara «persecución política» instrumentada desde la institucionalidad estatal. Panchamé sostuvo que se están utilizando los entes operadores de justicia para presionar a las figuras de oposición y ratificó el respaldo unánime y solidario de su bancada para Redondo y el resto de los exdirectivos implicados.
El origen de la disputa penal y política se remonta al 31 de octubre de 2025, fecha en la que la junta directiva del Congreso Nacional designó formalmente la Comisión Permanente en una sesión celebrada en el Salón de Retratos del Palacio Legislativo. Dicha comisión tenía previsto iniciar sus funciones oficiales el 1 de noviembre, justo al dar comienzo el receso parlamentario.
En aquel momento, la directiva encabezada por Luis Redondo justificó la medida invocando el artículo 207 de la Constitución de la República y diversos articulados de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. No obstante, la instalación del órgano se dio en medio de intensas tensiones, severos enfrentamientos físicos y un clima de alta confrontación motivado por la prórroga de las sesiones ordinarias que buscaban impulsar de manera paralela los diputados de las bancadas opositoras.
