En una severa advertencia sobre los riesgos de implementar políticas punitivas extremas en el país, la directora ejecutiva del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, cuestionó abiertamente las iniciativas políticas dirigidas a endurecer las penas e importar a Honduras el modelo de seguridad promovido por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
Según argumentó, este tipo de medidas amenaza con debilitar las bases del Estado de derecho y vulnerar las garantías fundamentales de la ciudadanía.
A través de un análisis publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter), titulado «La ilusión de la mano dura», Castellanos afirmó que el país tiene la urgente obligación de responder a la criminalidad y a la impunidad, pero advirtió que no se debe recurrir a fórmulas autoritarias que, bajo el atractivo de ofrecer resultados inmediatos, deriven en la restricción de los derechos constitucionales.
La titular del CNA criticó de forma directa el reciente viaje realizado por diputados de las comisiones de Seguridad y Defensa del Congreso Nacional a El Salvador, donde recorrieron instalaciones de alta seguridad como el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT).
A su criterio, la intención de trasplantar dicho modelo evidencia una clara falta de evaluación sobre los severos impactos jurídicos e institucionales que conllevaría en el contexto hondureño.
En ese sentido, Castellanos alertó que sostener una estrategia basada en la suspensión de garantías, la limitación del debido proceso y el endurecimiento severo del sistema penitenciario abriría peligrosos portones al abuso de poder, especialmente en una nación cuyas instituciones lidian históricamente con la corrupción y la fragilidad estructural.
Asimismo, la representante del organismo anticorrupción reconoció que las políticas de militarización, «mano dura» e incremento de penas suelen captar un rápido respaldo popular en sociedades golpeadas por la violencia, dado que prometen soluciones simples a problemáticas complejas.
No obstante, subrayó que la popularidad de este tipo de medidas no debe ser confundida con eficacia real, pues no desarticulan de fondo las redes delictivas ni combaten sus fuentes de financiamiento.
Castellanos enfatizó que el respeto a los derechos humanos no representa una concesión a la delincuencia, sino el límite constitucional infaltable que diferencia a una república democrática de un régimen autoritario.
Como ruta alternativa, planteó fortalecer los entes de justicia mediante fiscalías con alta capacidad técnica, una Policía Nacional estrictamente civil y profesional, una lucha frontal contra la corrupción y la aplicación de políticas sociales orientadas a combatir la desigualdad, la impunidad y la falta de oportunidades.
