La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) mantiene inspecciones en establecimientos comerciales de ciudadanos chinos en Tegucigalpa y Comayagüela, con el objetivo de verificar el cumplimiento de los requisitos legales para operar y esclarecer posibles irregularidades en sus actividades comerciales.
De acuerdo con reportes difundidos por medios de comunicación, las inspecciones abarcan aproximadamente 70 negocios, donde las autoridades municipales revisan los permisos de operación, el Registro Tributario Nacional (RTN) y la documentación relacionada con sus obligaciones tributarias.
El juez de Policía Municipal, Fredy Casasola, informó que alrededor de 38 establecimientos presentarían problemas relacionados con sus permisos de operación. Además, durante las verificaciones se busca identificar posibles documentos falsificados y otras inconsistencias administrativas.
Las actuaciones municipales también se producen después de denuncias presentadas por comerciantes hondureños, quienes han manifestado preocupación por las condiciones de competencia en el mercado. Entre los señalamientos figura la presunta venta de productos a precios inferiores a sus costos, una práctica que deberá ser investigada para determinar si existe alguna infracción a la normativa vigente.
Por su parte, las autoridades buscan comprobar la legalidad de la mercancía comercializada y el cumplimiento de las disposiciones aplicables a los establecimientos inspeccionados
Según la información publicada, las audiencias para revisar la documentación de los negocios estaban previstas para iniciar el 22 de octubre de 2026. Los establecimientos que no logren acreditar el cumplimiento de los requisitos podrían enfrentar sanciones, incluidas clausuras, conforme a la legislación y al procedimiento correspondiente.
Las inspecciones se desarrollan en medio del debate sobre las condiciones de competencia entre los comercios nacionales y extranjeros. Sin embargo, las posibles irregularidades deberán establecerse de manera individual, respetando el debido proceso.
Hasta el momento, no se dispone de un balance definitivo que confirme cuántos establecimientos han sido sancionados o clausurados como resultado de estas investigaciones.
