El Poder Legislativo hondureño avanza en la construcción de un convenio de cooperación con la Asamblea Legislativa de El Salvador con el propósito de evaluar y adaptar a la realidad nacional las medidas de seguridad implementadas por el gobierno de Nayib Bukele, especialmente en materia de control penitenciario y combate a maras y pandillas.
Así lo anunció el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, quien detalló que una delegación de diputados de las comisiones de Seguridad y Defensa sostuvo reuniones estratégicas con autoridades legislativas salvadoreñas para intercambiar experiencias. Como parte de la agenda, la comitiva hondureña visitará el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) para conocer de primera mano su funcionamiento y el régimen de reclusión de privados de libertad de alta peligrosidad, insumos que servirán para evaluar la construcción de nuevos módulos y centros penitenciarios en Honduras.
De manera paralela, el Legislativo prepara un paquete de reformas legales orientadas a fortalecer las herramientas operativas de las fuerzas de seguridad. Entre los cambios contemplados destacan la ampliación de los plazos de detención preventivos, la autorización de allanamientos sin orden judicial en investigaciones contra el crimen organizado y la restricción severa de beneficios penitenciarios.
Asimismo, se contempla la regulación de tatuajes alusivos a estructuras criminales, aclarando que la normativa estará dirigida exclusivamente a simbología de maras y pandillas, sin afectar expresiones artísticas o familiares. También se revisará la legislación sobre responsabilidad penal de menores tomando como referencia el marco normativo salvadoreño.
Zambrano indicó que se encuentra a la espera de la opinión técnica de la Corte Suprema de Justicia para someter los proyectos a discusión y aprobación en el pleno de diputados, con el fin de acelerar los procedimientos judiciales y frenar la impunidad.
Por otra parte, al referirse al financiamiento para las instituciones de seguridad, el titular del Legislativo aclaró que los recursos o bienes incautados vinculados a los ciudadanos estafados en el caso Koriun no formarán parte del esquema presupuestario anunciado, garantizando que dichos fondos tendrán un tratamiento diferenciado.
Con este acercamiento bilateral, las autoridades buscan determinar qué estrategias de contención del crimen organizado pueden ser viables en el contexto hondureño, contemplando como meta prioritaria el fortalecimiento de la infraestructura carcelaria y el endurecimiento de las penas.
