La Fiscalía española respaldó que la Audiencia Nacional pueda investigar una querella presentada contra el cantante Julio Iglesias por presuntas agresiones sexuales, acoso y otros delitos denunciados por dos exempleadas, en un caso relacionado con hechos que habrían ocurrido en 2021 en propiedades del artista en República Dominicana y Bahamas.
La decisión representa un cambio de criterio del Ministerio Público, que en enero de 2026 había archivado una primera denuncia al considerar que los tribunales españoles carecían de jurisdicción para investigar los hechos. Sin embargo, tras la presentación de una nueva querella en septiembre, la Fiscalía sostiene ahora que la Audiencia Nacional sí tiene competencia para examinar el caso.
¿De qué acusan al cantante?
Las denunciantes son dos exempleadas del artista: una trabajadora doméstica y una fisioterapeuta. Según los señalamientos recogidos en una investigación periodística de elDiario.es y Univision Noticias, ambas relataron presuntos episodios de agresiones sexuales, malos tratos, vejaciones y condiciones laborales abusivas durante el tiempo que trabajaron para el cantante.
La querella también incluye señalamientos relacionados con la presunta trata de personas, lesiones y delitos contra los derechos de los trabajadores. Estas acusaciones forman parte de los hechos que deberán ser examinados por las autoridades judiciales, sin que hasta ahora exista una declaración de culpabilidad contra el artista.
Un juez decidirá si abre la investigación
El informe de la Fiscalía fue remitido al juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña, quien deberá determinar si admite la querella y abre formalmente una investigación.
El cambio de postura del Ministerio Público no implica que Julio Iglesias haya sido condenado ni que las acusaciones estén judicialmente probadas. Se trata de una decisión sobre la competencia de los tribunales españoles para examinar la querella.
Por su parte, el cantante ha rechazado las acusaciones y ha negado haber cometido los hechos denunciados. Su defensa también había solicitado el archivo de las actuaciones anteriores.
El caso vuelve a colocar bajo atención pública la respuesta judicial ante las denuncias de presuntos delitos sexuales y abusos laborales, mientras se espera la decisión del magistrado sobre los próximos pasos del procedimiento.
