Con el objetivo de frenar la trágica racha de siniestros viales en el país, el diputado del Partido Liberal, Alex Berríos, introdujo en el Congreso Nacional la iniciativa denominada “Ley Ruta Segura”, un proyecto orientado a reformar el artículo 323 del Código Penal para endurecer de forma severa las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas.
De acuerdo con el parlamentario, la propuesta surge ante la necesidad de corregir lagunas legales en la normativa vigente. Berríos explicó que la redacción actual de dicho artículo limita el rango de acción del Ministerio Público y de la Policía Nacional para presentar cargos criminales efectivos contra los infractores.
Con la modificación, el examen de alcoholemia oficial pasará a ser la prueba pericial determinante para sustentar las acusaciones e imponer los castigos correspondientes.
La reforma plantea un esquema de penas diferenciado según el tipo de unidad involucrada. Para las personas que operen vehículos livianos en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, se establecen condenas de dos a cinco años de prisión. Sin embargo, la severidad se incrementa para el transporte pesado y de pasajeros —como rastras, contenedores y buses escolares—, cuyos conductores podrían enfrentar penas de cinco a diez años de cárcel.
El legislador fundamentó la urgencia del proyecto en las desgarradoras cifras que registra el país, donde más de 1,855 personas pierden la vida anualmente en accidentes de tránsito vinculados al consumo irresponsable de sustancias.
«Estamos velando por la protección de la familia hondureña y también por la propia integridad de vida de las personas que están acostumbradas a excederse en este tipo de sustancias», aseveró Berríos al instar al pleno a respaldar la iniciativa para llevar orden a las carreteras.
