El vicepresidente del Congreso Nacional y diputado de la Democracia Cristiana, Godofredo Fajardo, presentó formalmente una iniciativa de ley con el propósito de que el Estado de Honduras evalúe su permanencia en el Parlamento Centroamericano (Parlacen).
La propuesta surge ante los cuestionamientos sobre la rentabilidad y la utilidad real del organismo regional para la ciudadanía hondureña.
Durante la exposición de motivos, Fajardo enfatizó que los recursos financieros asignados a la delegación hondureña podrían redirigirse hacia sectores sociales críticos y de alta prioridad nacional, tales como la salud pública, el sistema educativo y la seguridad ciudadana.
Según las estimaciones brindadas por el vicepresidente del Legislativo, el costo de mantener a los representantes en el foro regional asciende a unos 100,000 dólares mensuales, una cifra que equivale a casi 3 millones de lempiras que actualmente salen del presupuesto nacional.
El diputado argumentó que los veinte representantes hondureños perciben salarios en dólares, un gasto que, a su juicio, no genera un impacto positivo ni se traduce en beneficios tangibles para la población.
Asimismo, puso sobre la mesa el debate en torno a la figura de los expresidentes de la República, cuestionando si conviene que estos puedan incorporarse de manera automática al Parlacen al finalizar sus respectivos mandatos presidenciales.
Para respaldar su postura, Fajardo recordó los antecedentes de otros países de la región centroamericana en relación con este organismo supranacional.
Señaló que Nicaragua ya anunció su salida oficial, que Costa Rica ha optado históricamente por no formar parte del ente, y que El Salvador también ha iniciado las gestiones necesarias para retirarse de la institución regional. Estos precedentes, según el legislador, refuerzan la urgencia de abrir un debate profundo en Honduras sobre la conveniencia geopolítica y económica de seguir integrando este foro.
Con esta iniciativa, el Congreso Nacional se enfrenta a la tarea de debatir el futuro de la representación diplomática y parlamentaria del país en el extranjero, bajo la premisa de optimizar el gasto público y enfocar los recursos estatales en la atención de las necesidades más urgentes y apremiantes de la sociedad hondureña.
