El Parlamento Centroamericano (Parlacen) emitió una postura oficial en la que confirmó que se encuentra analizando minuciosamente el anuncio de desvinculación del organismo regional realizado por el Gobierno de Nicaragua durante el fin de semana. La decisión nicaragüense ha puesto a prueba nuevamente los mecanismos internos de este foro político de integración.
A través de una nota de prensa divulgada en las últimas horas, el organismo internacional señaló que, «en resguardo de la institucionalidad», las autoridades competentes evalúan con detenimiento los alcances jurídicos y operativos de la comunicación enviada desde Managua. Asimismo, el Parlacen indicó que someterá la situación ante sus órganos internos de deliberación para adoptar las consideraciones legales, políticas y diplomáticas correspondientes.
La notificación oficial sobre la salida inmediata de Nicaragua fue confirmada el domingo por la presidenta del Parlamento, la diputada guatemalteca Karla Gutiérrez.
La legisladora detalló al diario nicaragüense La Prensa que la directiva recibió un comunicado emitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, fechado el 3 de octubre de 2026. En el texto, la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo argumenta que, en ejercicio pleno de su soberanía, ha decidido denunciar el Tratado Constitutivo del Parlacen y otras instancias políticas con efecto inmediato.
Ante este panorama, Gutiérrez convocó de forma extraordinaria a la Junta Directiva a una reunión celebrada este lunes para definir una postura institucional unificada.
Aunque el comunicado de la Cancillería nicaragüense omitió explicar las razones detrás de la medida, analistas vinculan la decisión con el contexto regional, ocurriendo poco después de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobara por unanimidad una resolución exigiendo elecciones libres y la liberación de presos políticos en el país sudamericano, tras declaraciones del propio mandatario descartando futuros comicios.
El Parlacen, constituido en octubre de 1991, agrupa actualmente a Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República Dominicana —con la histórica ausencia de Costa Rica—. Cada Estado miembro aporta 20 diputados por voto popular, además de los expresidentes y exvicepresidentes que se integran por derecho propio.
La salida de Nicaragua plantea un complejo escenario jurídico en el derecho internacional, dado que el Tratado Constitutivo del Parlacen no contempla una cláusula explícita de denuncia o retiro. Antecedentes similares, como el intento infructuoso de Panamá en el pasado o la reciente reforma constitucional aprobada en julio de 2025 por el Congreso de El Salvador para desvincularse del foro bajo el argumento de inoperancia, evidencian los desafíos legales y diplomáticos que implica abandonar este mecanismo regional.
