Las autoridades de Irán ejecutaron este sábado a Siavash Jamshidi Kheirabadi, un hombre detenido durante las protestas antigubernamentales registradas a inicios de este año, luego de ser condenado a muerte por presuntamente disparar contra agentes de la Policía, informó la Judicatura iraní.
De acuerdo con el organismo judicial, Jamshidi disparó al menos tres veces contra la Policía el 8 de enero, durante las manifestaciones, y fue detenido dos días después en la ciudad de Shahrekord, en el suroeste del país. Las autoridades señalaron que durante su captura le fue decomisada un arma de fuego.
La justicia iraní indicó que el hombre fue condenado por el delito de “enemistad contra Dios” (moharebeh), además de cargos relacionados con conspiración y actividades consideradas contrarias a la seguridad nacional. Según las autoridades, también habría contactado a personas a través de internet para organizar actividades “antisistema” y buscado dinero para realizar una misión.
La sentencia de muerte fue ratificada por la Corte Suprema iraní después de una apelación, según informó la agencia judicial Mizan. Sin embargo, las autoridades no detallaron cuándo ni dónde se llevó a cabo la ejecución. Tampoco se informó que alguno de los policías contra los que presuntamente disparó Jamshidi haya muerto o resultado herido.
Las protestas comenzaron el 28 de diciembre de 2025, inicialmente motivadas por dificultades económicas, y posteriormente se extendieron por diferentes ciudades del país con manifestaciones contra el Gobierno iraní.
La ejecución ocurre pocos días después de que Irán ejecutara a Ali Hemmati Sistani y Majid Nikandish, dos hombres detenidos durante las protestas de enero en Mashhad.
Organizaciones internacionales de derechos humanos han cuestionado los procesos judiciales contra manifestantes y han advertido sobre el incremento de las ejecuciones vinculadas con las protestas. Human Rights Watch señaló que, entre el 18 de marzo y finales de agosto de 2026, las autoridades iraníes habían anunciado la ejecución de al menos 29 personas relacionadas con las recientes manifestaciones.
La Judicatura iraní sostiene que las personas condenadas estuvieron involucradas en actos violentos y delitos contra la seguridad del Estado, mientras organizaciones de derechos humanos cuestionan las garantías de los procesos y algunas de las condenas impuestas.
