El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ratificó este viernes con su firma la enmienda aprobada por el Congreso que habilita la remoción definitiva de la máxima autoridad de la Fiscalía General de la República cuando enfrente imputaciones formales o medidas cautelares por imputaciones de carácter penal. La maniobra legislativa se produce en pleno colapso institucional provocado por el arresto del titular del Ministerio Público, Roger Mariaca, acusado de encabezar una red de encubrimiento al crimen organizado.
La modificación al artículo 25 de la Ley Orgánica del Ministerio Público otorga a la Asamblea Legislativa la potestad de aprobar la suspensión del cargo mediante el voto de dos tercios del pleno, abriendo el paso para la designación de un suplente interino mientras se procesa la elección del nuevo titular. La captura de Mariaca, efectuada por las fuerzas de seguridad tras acusaciones del Ejecutivo sobre presunta complicidad con el narcoterrorismo, se concretó 48 horas después de que Estados Unidos cancelara su visado e incluyera su nombre en un listado de funcionarios vinculados a tramas de corrupción regional.
Alianza internacional y reestructuración de la justicia Durante la ceremonia en la sede de Gobierno, la administración de Paz justificó la celeridad de las acciones en el marco de la cooperación en materia de seguridad e inteligencia multinacional:
El mandatario enfatizó que las pesquisas son resultado de un trabajo de inteligencia coordinado en el bloque regional para desarticular estructuras criminales transnacionales.
El plan gubernamental busca desmontar la infiltración de redes ilícitas en las altas cortes e instituciones estatales, tras un saldo inicial de 13 detenidos que incluye a tres fiscales de materia.
Con el respaldo de la coalición internacional y el trámite de la nueva legislación en el parlamento, el Gobierno boliviano busca acelerar un proceso de purga en el aparato de administración de justicia.
