A partir del próximo 6 de octubre entrarán en plena aplicación las disposiciones del Reglamento Técnico Hondureño para el cemento hidráulico, por lo que las empresas que fabriquen, importen, distribuyan, envasen o comercialicen este producto deberán cumplir con los requisitos de registro, etiquetado y especificaciones técnicas establecidos por las autoridades.
El reglamento RTH 91.01.05:26, aprobado mediante el Acuerdo Ministerial 027-2026 y publicado en el diario oficial La Gaceta el pasado 6 de mayo, establece que el registro de las empresas y de los productos es obligatorio y debe realizarse antes de su comercialización en el territorio nacional.
Entre los requisitos establecidos se encuentra que los sacos de cemento deberán presentar información clara y visible como el nombre y marca del producto, país de fabricación, fecha de fabricación y envasado, fecha recomendada de uso, identificación del lote, contenido neto, fabricante, importador o distribuidor, número de registro y domicilio.
La normativa también exige que el cemento cumpla con las especificaciones técnicas correspondientes y con las normas ASTM aplicables a cada tipo de producto. El objetivo es garantizar la calidad del material, proteger a los consumidores y evitar prácticas que puedan inducir a engaño.
La entrada en vigor de estas disposiciones generó en mayo protestas de transportistas de carga pesada, quienes cuestionaron el impacto que tendría la nueva regulación sobre el traslado del cemento. Tras negociaciones con el Gobierno, se acordó ampliar por cuatro meses el período de adecuación, permitiendo el agotamiento de inventarios y la adaptación de los procesos de producción, importación y comercialización. Ese plazo vence el 6 de octubre de 2026.
La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO) ha señalado que la normativa no establece una prohibición general a la importación de cemento, sino que exige el cumplimiento de las normas técnicas y los requisitos correspondientes para poder comercializarlo en Honduras.
La Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Protección al Consumidor, es la autoridad encargada del registro, control, vigilancia y verificación del cumplimiento de estas disposiciones.
