El Congreso Nacional analiza un proyecto que permitiría utilizar parte de los recursos económicos que permanecen congelados bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para fortalecer las instituciones encargadas de la seguridad, defensa e inteligencia del país.
El presidente de la Comisión de Seguridad del Congreso Nacional, Marco Paz, explicó que la iniciativa busca establecer un mecanismo que permita disponer de estos recursos antes de que concluyan los procesos judiciales relacionados con las incautaciones. La propuesta sería independiente del Presupuesto General de la República y estaría orientada a mejorar las capacidades de las instituciones mediante inversión en tecnología, logística e implementación.
De acuerdo con el planteamiento, en caso de que posteriormente una persona afectada por una incautación obtenga una resolución judicial favorable que ordene la devolución de los recursos, la Secretaría de Finanzas actuaría como aval para garantizar la restitución del dinero.
Paz indicó que, bajo el mecanismo propuesto, la devolución podría realizarse posteriormente al fallo judicial y mencionó un plazo de hasta 30 días para restituir los recursos una vez que exista una resolución favorable.
El parlamentario señaló que todavía no se ha determinado con precisión cuánto dinero podría utilizarse mediante este mecanismo, aunque afirmó que existe una cantidad considerable de recursos actualmente congelados en la OABI.
La propuesta también contempla una posible ampliación de los recursos destinados a la Secretaría de Seguridad y la Secretaría de Defensa. Paz estimó que Seguridad podría recibir entre 600 y 800 millones de lempiras adicionales, aunque aclaró que esta cifra corresponde a una proyección sobre los recursos que podrían solicitarse.
La iniciativa continúa en proceso de análisis dentro del Congreso Nacional y todavía requiere avanzar en el proceso legislativo antes de convertirse en una medida vigente. Por ello, el uso de estos fondos aún no está autorizado.
La OABI es la institución encargada de recibir, custodiar y administrar bienes y recursos que han sido asegurados o incautados por orden de la autoridad competente.
