Un paso decisivo en el proceso de reforma del sistema eléctrico de Honduras se concretó este miércoles 30 de septiembre con la publicación oficial en el Diario La Gaceta del Decreto 198-2026, correspondiente a la Ley de Justicia Energética. La normativa cobró vigencia legal tras la firma y sanción por parte del presidente Nasry Asfura en Casa Presidencial, luego de un amplio periodo de debate y aprobación en el Congreso Nacional.
Entre los efectos inmediatos de esta legislación destaca el congelamiento garantizado del pliego tarifario de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) por un lapso de medio año, evitando traslados de eventuales alzas de costos a los abonados residenciales y comerciales del territorio nacional.
A la par de la contención tarifaria, la legislación redefine el modelo operativo de la estatal mediante su reestructuración en tres firmas especializadas encargadas de los segmentos de generación, transmisión y distribución, buscando frenar las pérdidas financieras crónicas y optimizar la prestación del servicio público.
Nuevas reglas para el mercado eléctrico e inversión privada
El nuevo marco regulatorio introduce cambios sustanciales para la atracción de capitales e infraestructura:
- Estructura operativa tripartita: División estratégica de la ENEE en unidades independientes para dinamizar la gestión técnica y comercial.
- Mecanismos de contratación transparente: Implementación de licitaciones internacionales abiertas para la compra de potencia e impulso al mercado libre de comercialización privada.
- Respaldo institucional: El titular de la ENEE, Guillermo Peña Panting, destacó que la norma establece un ambiente idóneo para concretar nuevas inversiones, diversificar la matriz energética y reducir los costos operativos finales.
Desde el Gabinete de Gobierno y la Presidencia se enfatizó que el instrumento legal sienta las bases para la recuperación financiera de la ENEE y el fortalecimiento de la competitividad en el sector energético hondureño.
