El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, hizo un llamado categórico a las instituciones del Estado y a los operadores de justicia para acelerar la recuperación de la paz y la seguridad frente al embate de las estructuras criminales, asegurando que se requiere una acción firme bajo la premisa de «sí o sí».
Durante su intervención, Zambrano enfatizó que los funcionarios con poder de decisión y los órganos encargados de la ley tienen la responsabilidad ineludible de dotar a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de las herramientas operativas indispensables. El objetivo central es capturar y someter ante los tribunales a los grupos delictivos que han lacerado a la sociedad hondureña, reiterando que este es el momento definitivo para que el país recupere la tranquilidad, respaldando a las instituciones desde el Parlamento mediante marcos normativos, recursos presupuestarios y herramientas eficaces.
El diputado presidente fue enfático al describir la crisis social que atraviesa el territorio nacional, señalando situaciones cotidianas insostenibles como el temor de las mujeres a transitar de noche por el riesgo de agresiones y la restricción de los padres para que los menores salgan a las calles después de las cinco de la tarde.
Asimismo, denunció que la extorsión continúa asfixiando la economía local al obligar el cierre de negocios, rutas de transporte público, pulperías y pequeños mercaditos, además de provocar el desplazamiento forzado de familias enteras que deben abandonar sus comunidades, ciudades o el país huyendo de la violencia.
Como parte integral de esta estrategia de seguridad, Zambrano anunció un endurecimiento drástico en las normativas y la administración de los centros penitenciarios, con el propósito fundamental de cortar de tajo la operatividad de los cabecillas recluidos que continúan ordenando delitos, homicidios y extorsiones desde el interior de las cárceles.
Para lograrlo, se implementarán controles estrictos, mayor vigilancia y una supervisión rigurosa sobre los privados de libertad vinculados a estructuras criminales, lo que incluirá la restricción total de comunicaciones, el bloqueo del ingreso de dinero ilícito y el traslado inmediato de los reos de alta peligrosidad hacia celdas de máxima seguridad.
Para concluir, el presidente del Congreso Nacional advirtió que el Poder Legislativo no se limitará únicamente a aprobar leyes y asignar presupuestos, sino que mantendrá una fiscalización estricta sobre las entidades responsables.
En este sentido, la institución exigirá cuentas claras, informes periódicos y resultados medibles a los organismos encargados de ejecutar estas políticas de seguridad, realizando de manera constante los ajustes necesarios para garantizar la protección de la ciudadanía hondureña.
