La posibilidad de retomar el estado de excepción ha vuelto a encender el debate nacional ante el repunte de la violencia y la reciente convocatoria del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS). Sin embargo, el ministro de Defensa, Enrique Rodríguez Burchard, ha marcado distancia de esta medida, apostando en su lugar por acciones focalizadas que no vulneren los derechos de la población.
Ante los cuestionamientos sobre la implementación de un régimen de excepción similar al del pasado, Rodríguez Burchard fue enfático al señalar que prefiere tácticas directas. «Yo soy más propenso a realizar acciones más quirúrgicas que vayan directamente al delinquente sin estropear la vida del ciudadano común», reiteró el funcionario, recordando que durante la administración anterior esta figura se mantuvo por casi cuatro años con resultados muy limitados.
Pese a su postura, el ministro aclaró que la decisión final recae sobre el CNDS, organismo que evaluará la estrategia integral para contrarrestar la criminalidad en el país.
El debate se intensificó luego de que el presidente Nasry Asfura confirmara que su gobierno analiza aplicar esta herramienta de manera focalizada en municipios y departamentos con altos índices de violencia, descartando en principio una medida generalizada. En la misma línea, el secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, informó que se han identificado unos 30 municipios prioritarios, proponiendo además fortalecer las capacidades de investigación y persecución contra las estructuras criminales.
Mientras el Ministerio de Seguridad defiende el uso de medidas extraordinarias en zonas de alta conflictividad, Defensa insiste en priorizar operativos específicos orientados exclusivamente a desarticular las bandas delictivas.
La discusión divide las opiniones en la sociedad. Por un lado, las autoridades argumentan que se requieren instrumentos firmes para frenar la criminalidad y el desplazamiento de familias; por otro, organizaciones de derechos humanos advierten sobre los riesgos que conllevan las restricciones a las garantías constitucionales, tomando como referencia los antecedentes de los últimos años.
El futuro de la estrategia de seguridad nacional queda ahora en manos del CNDS. Será este consejo el encargado de ponderar ambas visiones y definir el alcance, las herramientas y los territorios donde el Estado intervendrá para devolver la tranquilidad a la ciudadanía.
