El Estatus de Protección Temporal (TPS) que permitió a más de 170.000 salvadoreños residir y trabajar legalmente en Estados Unidos finalizó formalmente este 9 de septiembre, luego de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no anunciara una nueva prórroga para el programa humanitario.
La medida concluye una etapa de protección que inició originalmente en 1990 tras la guerra civil y que fue restituida en 2001 a raíz de dos devastadores terremotos. Durante 25 años de renovaciones consecutivas, los beneficiarios echaron raíces en territorio estadounidense, compraron viviendas, abrieron negocios y criaron a sus familias.
A pesar de los llamados urgentes de 80 congresistas demócratas dirigidos al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, la Administración del presidente Donald Trump mantuvo su postura de cancelar la designación, argumentando que las condiciones del país de origen han cambiado y que el programa debe conservar su naturaleza estrictamente temporal.
Esta decisión se enmarca en una ofensiva más amplia contra el TPS que ha dejado sin amparo a casi un millón de migrantes de diversos países en el último año. No obstante, la postura del Gobierno de que El Salvador cuenta con las condiciones adecuadas para el retorno contrasta con las evaluaciones del propio DHS a inicios de 2025, donde reconoció secuelas ambientales persistentes.
A esto se suman los señalamientos de organismos internacionales sobre violaciones al debido proceso y detenciones arbitrarias durante el régimen de excepción del gobierno de Nayib Bukele.
Pese a la incertidumbre generada, la culminación del beneficio no derivará en deportaciones automáticas ni masivas este 10 de septiembre.
Expertos legales aclaran que la cancelación solo afecta a la protección específica del TPS, por lo que las personas que mantengan solicitudes de asilo en trámite, peticiones familiares o el amparo de DACA seguirán resguardadas bajo sus respectivos procesos independientes.
Sin embargo, el impacto en el terreno laboral será inmediato. Los permisos de trabajo basados exclusivamente en el TPS salvadoreño perderán validez legal de forma automática al finalizar la jornada del 9 de septiembre, independientemente de la fecha física impresa en el documento.
Por esta razón, especialistas en leyes migratorias instan a los afectados a consultar con un abogado para evaluar opciones de regularización, advirtiendo que quienes permanezcan sin un estatus legal comenzarán a acumular presencia ilegal, lo que a los 180 días activará severas sanciones que complicarán cualquier ajuste migratorio en el futuro.
