Una denuncia presentada ante el Ministerio Público pone bajo cuestionamiento el proceso mediante el cual se estarían autorizando importaciones de cebolla hacia Honduras, al señalar posibles irregularidades que involucrarían a tres empresas y trámites realizados ante el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agropecuaria (SENASA).
El documento fue recibido por el Ministerio Público el 18 de agosto de 2026 para su respectivo análisis y expone una serie de hechos que, según los denunciantes, podrían estar relacionados con un eventual esquema de utilización de documentos comerciales y tributarios presuntamente falsos, irregulares o vinculados a compañías que no existirían.
De acuerdo con el escrito, esa documentación habría sido utilizada para respaldar operaciones comerciales, así como para demostrar el origen y la procedencia de productos agrícolas, con el supuesto propósito de facilitar la obtención o utilización de permisos, registros y autorizaciones requeridos para la importación de estos productos.
Los señalamientos también fueron trasladados a las autoridades del sector agrícola. El 4 de septiembre, una copia de la denuncia fue remitida al director de SENASA, Rafael Rodríguez, y al titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Moisés Molina.
Los productores de cebolla solicitan que se realice una investigación administrativa para determinar si existieron irregularidades en los procedimientos y si estas pudieron favorecer el ingreso de producto mediante mecanismos que no cumplirían con las disposiciones establecidas.
Según los productores, la situación estaría generando un fuerte impacto económico para el sector nacional. Los afectados estiman pérdidas que alcanzarían los mil millones de lempiras y advierten que la incertidumbre podría afectar las decisiones de los agricultores de cara al próximo ciclo de siembra.
Otro de los aspectos señalados en la denuncia es una posible “triangulación de productos”, término utilizado por los productores para describir un eventual mecanismo mediante el cual mercancías podrían ingresar al mercado hondureño utilizando documentación o procedimientos que no reflejarían su verdadera procedencia.
