La inseguridad alimentaria continúa agravándose en Honduras y podría alcanzar a 2.2 millones de personas debido a los efectos de la sequía, el encarecimiento de los alimentos, el desempleo y la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares, advirtió María Luisa García, coordinadora del Observatorio en Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
García explicó que el observatorio monitorea desde marzo a la población afectada y estima que actualmente 1.8 millones de hondureños no tienen garantizados los tres tiempos de comida.
Sin embargo, señaló que los diferentes factores naturales y económicos que enfrenta el país podrían incrementar considerablemente esta cifra durante los próximos meses.
Uno de los principales factores es la sequía, que ha afectado la producción agrícola y también al ganado. A esto se suma el incremento de los costos de combustibles, insumos y servicios utilizados en la producción de alimentos, así como las repercusiones de los conflictos geopolíticos internacionales.
La especialista advirtió que el costo de la canasta básica alimentaria continuará aumentando. El observatorio monitorea el comportamiento de 30 productos en diferentes mercados populares y ha identificado incrementos importantes, particularmente en alimentos esenciales como el frijol.
Esta situación reduce cada vez más la capacidad adquisitiva de las familias.
García señaló que hasta el 90 % de un salario mínimo puede destinarse a la compra de alimentos, mientras que solamente alrededor del 22 % de la población cuenta con ingresos mensuales y el 78 % vive de ingresos diarios, lo que la coloca en una situación de mayor vulnerabilidad ante cualquier aumento de precios.
Alertó sobre el impacto de la sequía en la producción de carne y lácteos. La disminución del alimento y agua para el ganado reduce la producción y termina elevando los precios.
Ante esto, algunos hogares han comenzado a sustituir la carne por huevo como fuente de proteína, pero un aumento en el precio de este producto también limitaría su consumo, sostuvo.
Explicó que la inseguridad alimentaria no solamente implica tener alimentos disponibles, sino también contar con los ingresos suficientes para adquirirlos y garantizar una alimentación adecuada.
Estudios realizados por el observatorio incluso han identificado casos en los que adultos mayores dejan de comer para proporcionar alimentos a los niños de la familia.
La situación es más preocupante en los municipios declarados en alerta roja por emergencia alimentaria, donde las familias más vulnerables han llegado a vender bienes y animales domésticos para poder comprar comida.
Aunque reconoció los esfuerzos gubernamentales mediante la entrega de asistencia alimentaria, cuestionó cuánto tiempo puede sostenerse una familia de cuatro o cinco integrantes con una ayuda puntual.
Ante este escenario, la coordinadora del observatorio hizo un llamado a los tomadores de decisiones para que las respuestas a la emergencia sean sostenibles y trasciendan los cambios de gobierno.
Consideró necesario revisar las políticas públicas de seguridad alimentaria y fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables.
Entre las medidas propuestas destacó el fortalecimiento del sector agrícola, especialmente de los pequeños y medianos productores, mediante sistemas de riego, cosechas de agua, créditos con intereses bajos, acceso a tecnología y semillas resistentes al cambio climático, además de promover la diversificación de cultivos.
García también advirtió que el envejecimiento de la población dedicada a la agricultura y la migración de jóvenes campesinos representan un riesgo para la producción nacional.
A su criterio, es necesario recuperar la rentabilidad del campo para garantizar que las familias productoras puedan generar excedentes suficientes para cubrir necesidades como salud y educación.
Sostuvo que Honduras debe ir más allá de atender la emergencia inmediata y trabajar en una estrategia de largo plazo que permita aumentar la producción nacional de alimentos, fortalecer la resiliencia frente al cambio climático y evitar que más familias hondureñas caigan en inseguridad alimentaria.
