El Gobierno del presidente Donald Trump abrió un nuevo frente legal contra las políticas migratorias estatales al presentar una demanda contra Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington por permitir que estudiantes sin estatus migratorio puedan acceder a beneficios económicos en universidades públicas.
La acción fue presentada este jueves por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ), que cuestiona las leyes vigentes en esos cuatro estados y sostiene que contradicen la legislación federal al permitir que determinados estudiantes extranjeros accedan a tarifas de matrícula y asistencia financiera en condiciones que, según el Gobierno federal, no están disponibles para ciudadanos estadounidenses en las mismas circunstancias.
Las normas impugnadas permiten que universidades públicas de Arizona, Nuevo México, Oregón y Washington otorguen tarifas de matrícula correspondientes a residentes del estado, además de determinados programas de ayuda económica, sin tomar el estatus migratorio como criterio para excluir a los beneficiarios.
El Departamento de Justicia sostiene que estas disposiciones generan un trato desigual hacia los ciudadanos estadounidenses y podrían convertirse en un incentivo para la inmigración irregular.
