La Fiscalía de Bolivia emitió una orden de captura contra el expresidente Evo Morales, investigado por los delitos de terrorismo, alzamiento armado y atentados contra los servicios públicos, vinculándolo directamente con las protestas y bloqueos de carreteras que paralizaron el país entre mayo y junio.
Las movilizaciones, impulsadas por sectores campesinos y la Central Obrera Boliviana para exigir la renuncia del presidente Rodrigo Paz, generaron un grave desabastecimiento de alimentos y combustibles, cobraron la vida de al menos 16 personas y ocasionaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares.
Por su parte, el exmandatario rechaza los señalamientos y sostiene que las protestas buscaban que el Gobierno atendiera las demandas sociales, mientras permanece refugiado desde octubre de 2024 en su bastión político del Trópico de Cochabamba bajo la protección de sus seguidores.
Esta nueva disposición judicial se suma a otra orden de aprehensión emitida en mayo por presunta trata agravada de personas, consolidando una compleja situación legal para el líder político tras el fin del estado de excepción decretado en junio.
