Una delegación interinstitucional conformada por representantes del Congreso Nacional, la Procuraduría General de la República y la Cancillería viajará el próximo 5 de agosto a Washington, Estados Unidos, para comparecer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y defender la legalidad de los juicios políticos aplicados a exfuncionarios.
Según detalló el diputado Mario Alonso Pérez, las instituciones se encuentran coordinando una estrategia basada en actas, leyes aplicables y documentación oficial para demostrar que los procesos seguidos contra un exfiscal general y exintegrantes de organismos electorales se desarrollaron en estricto apego a la Constitución y a la legislación vigente.
Durante su exposición ante el organismo internacional, la representación estatal buscará comprobar que los involucrados contaron con todas las garantías del debido proceso, incluyendo notificaciones oportunas, derecho a la defensa y participación ante el pleno legislativo, descartando además que las renuncias presentadas hayan obedecido a presiones políticas.
Pérez afirmó que el Estado cumplirá con su obligación de explicar detalladamente las actuaciones oficiales, por lo que confía en que se desestimarán los argumentos para cualquier eventual sanción internacional contra el país.
