A más de cuatro años de la desaparición de Angie Peña en Roatán, el caso ha dado un giro inquietante tras las declaraciones de la exviceministra de Seguridad y exdirectora de Medicina Forense, Julissa Villanueva. Según Villanueva, existen indicios de que la joven fue localizada con vida y entregada a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), pero no a sus familiares.
La exfuncionaria denunció que las estructuras investigativas del Estado estarían infiltradas por redes de delincuencia transnacional, las cuales habrían operado en complicidad con agentes para ocultar el paradero de Peña, incluso después de que una recompensa de 500 mil lempiras motivara su supuesta entrega a las autoridades.
Ante estas graves acusaciones, Walter Peña, padre de la joven, exigió respuestas urgentes y denunció una evidente «apatía» institucional, señalando que la falta de resultados responde a la complicidad entre jueces y agentes involucrados en una red de trata de personas en la isla.
Mientras la familia valora acudir a instancias internacionales, un proceso judicial contra un grupo vinculado a la desaparición incluyendo figuras relacionadas con redes de trata está programado para realizarse entre el 7 y el 14 de septiembre. Villanueva advirtió que el caso podría derivar en nuevas responsabilidades penales para funcionarios públicos por su participación u omisión en este polémico proceso.
