Quince organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Provea, WOLA y la Conferencia Episcopal Venezolana, han solicitado formalmente al gobierno de Estados Unidos interceder ante las autoridades venezolanas para garantizar la transparencia, rendición de cuentas y una distribución imparcial de la ayuda humanitaria, tras los devastadores terremotos del pasado 24 de junio que han dejado un saldo de 4.561 fallecidos y 16.740 heridos.
En una misiva dirigida al Departamento de Estado y al senador Marco Rubio, las ONG demandan que la asistencia sea gestionada por autoridades civiles y no militares, cuestionando la designación del comandante de la Guardia Nacional Bolivariana, Juan Ernesto Sulbarán Quintero, como autoridad única de la emergencia, debido al historial de graves violaciones de derechos humanos asociado a dicho cuerpo.
Además de exigir mecanismos claros para verificar que los suministros lleguen a los sectores más vulnerables sin discriminación, los firmantes piden la exención de impuestos y aranceles para la carga humanitaria, así como la libre entrada de equipos internacionales de respuesta a desastres.
El grupo también aprovechó la comunicación para reiterar reclamos fundamentales previos al desastre: la derogación de la denominada “Ley Anti-ONG” y el levantamiento de los bloqueos a medios de comunicación, redes sociales y herramientas de navegación digital, subrayando la necesidad de trabajar de la mano con las organizaciones independientes para asegurar una respuesta eficaz y coordinada ante la tragedia.
