La Policía Nacional aclaró que los operativos realizados para retirar cámaras de videovigilancia no están dirigidos contra los ciudadanos que utilizan estos dispositivos para proteger sus viviendas o negocios, sino contra equipos instalados de manera ilegal o presuntamente utilizados por estructuras criminales.
El director de Comunicación Estratégica de la institución, Wilmer Mayes, explicó que las acciones policiales responden a investigaciones y denuncias relacionadas con sistemas de vigilancia empleados por grupos delictivos para monitorear los movimientos de las autoridades.
El funcionario enfatizó que las personas pueden instalar cámaras de seguridad en sus propiedades de forma legal y que la institución no pretende limitar ese derecho cuando los equipos son utilizados con fines de protección.
No obstante, precisó que la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) interviene cuando existen denuncias sobre dispositivos colocados en espacios públicos sin autorización o cuando las investigaciones establecen que estos son utilizados para facilitar actividades delictivas.
