El marco de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) se convirtió en el escenario de un inédito y ríspido choque diplomático. El Gobierno de Panamá exigió de forma categórica a la República Popular China que respete la Constitución y la separación de poderes del país, luego de denunciar que delegados de Beijing intentaron interferir en un fallo de la Corte Suprema de Justicia. Dicha resolución judicial provocó la salida forzosa de un poderoso operador portuario chino de las inmediaciones del Canal de Panamá.
La confrontación escaló cuando el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez-Acha, respondió con firmeza a la intervención de Xie Feng, observador permanente de China ante la OEA. El diplomático asiático había instado públicamente a Panamá a «corregir sus errores», argumentando que la anulación del contrato portuario tuvo una «motivación política» y violó la seguridad jurídica empresarial.
El origen del conflicto: El fallo del Supremo sobre el Canal: La disputa jurídica y comercial se remonta a inicios de este año 2026, detonando una serie de fricciones multilaterales que el canciller panameño expuso sin tapujos ante el foro interamericano.
