En un giro inesperado y bajo una fuerte presión de diversos sectores sociales, el pleno del Congreso Nacional dejó sin valor ni efecto el polémico decreto transitorio que pretendía exonerar del pago de 134.6 millones de lempiras en multas a los exprecandidatos que incumplieron con la presentación de sus informes financieros ante la Unidad de Política Limpia. La determinación legislativa restablece de forma inmediata la vigencia de las sanciones económicas aplicadas a los cuadros e instituciones políticas que no rindieron cuentas en tiempo y forma sobre los ingresos y gastos de sus pasadas campañas electorales.
Retorno a la rigurosidad de la Ley de Política Limpia: Con la anulación de esta amnistía transitoria, el panorama para las fuerzas políticas representadas en el parlamento cambia de forma drástica:
Restablecimiento de deudas: Las multas millonarias vuelven a cargarse a las cuentas de los exprecandidatos y sus respectivos institutos políticos.
Obligatoriedad de pago: La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización recupera sus facultades legales para exigir la cancelación de los saldos acumulados o iniciar procesos de cobro.
Precedente institucional: Se evita el colapso del marco regulatorio electoral, validando el esfuerzo de los aspirantes que sí cumplieron con sus declaraciones financieras bajo los estándares establecidos.
Impacto en los partidos mayoritarios: Los movimientos internos de las tres fuerzas políticas que habían impulsado la exoneración inicial ahora deberán buscar mecanismos internos para saldar los compromisos financieros derivados de sus faltas administrativas:
El costo de la opacidad: Libertad y Refundación (Libre), el Partido Liberal y el Partido Nacional —quienes concentran el mayor volumen de penalizaciones por no reportar el origen de sus capitales de campaña— pierden el beneficio del «borrón y cuenta nueva», quedando expuestos nuevamente al escrutinio de los entes fiscalizadores.
