El proceso de integración de Istmo sufrió este miércoles un golpe mortal y definitivo. El Gobierno de Honduras confirmó el cese absoluto de funciones de la Corte Centroamericana de Justicia (CCAJ), luego de que tres de sus principales Estados miembros denunciaran y anularan de manera sucesiva el convenio internacional que le daba sustento legal y operativo al tribunal regional.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional de Honduras, el desmantelamiento jurídico del organismo se selló tras cumplirse el calendario de retiros oficiales:
- Nicaragua: Notificó su salida formal el 18 de marzo de 2025.
- Honduras: Ejecutó la denuncia del convenio el 29 de abril de 2026.
- El Salvador: Asestó el voto de gracia definitivo el pasado miércoles 20 de mayo de 2026.
Al quedarse sin el respaldo y la participación de estos tres países fundadores, el tribunal regional perdió automáticamente su instrumento constitutivo y su personalidad jurídica internacional, dejando de existir para el derecho de las naciones. Como efecto colateral, el Acuerdo de Sede que mantenía las oficinas de la Corte en territorio nicaragüense quedó totalmente sin valor ni efecto.
Garantías consulares bajo lupa: La Cancillería hondureña fue enfática al reconocer la potestad y soberanía de Nicaragua para dictar y endurecer las condiciones de ingreso y permanencia de extranjeros en su territorio, especialmente ahora que los magistrados y empleados de la CCAJ han perdido las inmunidades y prerrogativas diplomáticas internacionales que los blindaban.
Sin embargo, el Gobierno de Honduras emitió un firme llamado humanitario a las autoridades de Managua, solicitando que cualquier medida migratoria o administrativa aplicada contra los ciudadanos hondureños que laboraban en dicha institución se ejecute bajo el estricto respeto a sus garantías consulares, asegurando la protección de sus bienes materiales, documentos personales y su entorno familiar.
